Las palabras del primer ministro español, Pedro Sánchez, podrían volverse en su contra.
Por: Bridget Ryder – The European Conservative
«Si necesitan más recursos, que los pidan», dijo el 2 de noviembre, tres días después de que un huracán frío azotara la costa de su país en Valencia, provocando inundaciones repentinas que mataron a más de 200 personas y destruyeron ciudades enteras.
Sus palabras se pronunciaron mientras las comunidades locales lidiaban con las secuelas de la tormenta que dejó a los que quedaron sin refugio ni agua potable y con las calles completamente bloqueadas por autos y escombros que ocultaban los cuerpos de los muertos. La gente de las zonas menos afectadas se había movilizado espontáneamente, llevando agua embotellada, alimentos y palas a pie para aliviar las necesidades más inmediatas. Mientras tanto, Sánchez básicamente se negó a movilizar los recursos del gobierno central para ayudar a la gente de la región.
En concreto, no declaró el estado de emergencia nacional pese a que el presidente valenciano, Carlos Mazón, miembro del principal partido de la oposición, el Partido Popular, ya había solicitado la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias, un sector del Ejército dedicado a prestar asistencia en catástrofes como la que nos ocupa.
Expertos juristas advierten que la falta de acción de Sánchez podría constituir una infracción administrativa.
Expertos consultados por El Debate señalaron al medio que “condicionar la ayuda a una petición expresa” de los afectados –en este caso del jefe del Gobierno regional en representación de la ciudadanía– puede no ser un delito, pero “sí apunta a una responsabilidad directa” del Estado en el agravamiento de las consecuencias del desastre natural.
Además, según fuentes de El Debate, no es necesario probar la negligencia de Sánchez, como se ha afirmado en las diversas denuncias presentadas contra él. Según la jurisprudencia reciente, las administraciones públicas pueden ser consideradas responsables por el simple hecho de no cumplir con lo que normalmente se espera de ellas en una situación determinada, incluida la “inactividad” que se traduce en daños.
Es significativo que Sánchez finalmente haya declarado una emergencia nacional, pero recién esta semana, en el paquete legislativo de asistencia financiera para las zonas afectadas por las inundaciones. Esto, advierten los expertos legales, podría demostrar que el desastre fue de hecho una emergencia nacional, y señalan que la emergencia seguramente no era menos grave dos semanas antes, cuando Sánchez se había negado a declararla.
