En octubre del 2019, un leve aumento en la tarifa del metro de Santiago, Chile, desencadenó unas de las protestas más violentas de la historia reciente de América Latina. Más de un millón de personas se tomaron las calles de Santiago. Los saboteadores destruyeron estaciones de metro, peajes y hasta iglesias. Mientras las llamas consumían al país, los medios de comunicación describían los desmanes con el eufemismo de “estallido social”.
Por: Daniel Raisbeck – El Cato
Cuando el entonces presidente, Sebastián Piñera, cedió ante la presión callejera, los políticos que lideraron las protestas olieron sangre política, y lo obligaron a aceptar un plebiscito que ponía en juego el futuro de la constitución vigente de Chile.
En las votaciones de octubre del 2020, el 78 por ciento de los votantes optó por deshacerse de la constitución, y el próximo 4 de septiembre los chilenos volverán a las urnas para aprobar o rechazar un nuevo documento constitucional. De aprobarse, este podría poner fin al llamado “milagro económico” chileno, que consiste en un modelo de libre mercado que ha beneficiado sobre todo a los pobres.
El principal promotor de la nueva constitución es el actual presidente de Chile, Gabriel Boric, un izquierdista radical que prometió nacionalizar el sistema privado de pensiones, aumentar los impuestos e implementar una agenda ambientalista de avanzada.
La constitución actual fue adoptada en 1980, cuando Chile aún era uno de los países más pobres de América Latina. Durante los siguientes 40 años, el gobierno controló la inflación, privatizó industrias y redujo drásticamente los aranceles y la burocracia, lo que hizo que el PIB se disparara y la pobreza se desplomara. La pobreza extrema se redujo del 34% a menos del 3% en 25 años. Hoy, casi todos los hogares cuentan con los elementos básicos de la vida moderna, incluyendo televisores, neveras y lavadoras.
El problema es que la constitución de Chile de 1980 se redactó durante la dictadura militar encabezada por el general Augusto Pinochet, quien dio un sangriento golpe de Estado en 1973. Boric y sus aliados dicen que la constitución es ilegítima, aunque en su momento fue aprobada por el 67 por ciento de los votantes en un referendo.
La mejor manera de solucionar los problemas de la constitución no es descartarla por completo, sino reformarla. Y eso es exactamente lo que sucedió: desde el regreso a la democracia a Chile en 1989, la constitución ha sido enmendada 140 veces.
Según la revista The Economist, la nueva constitución, la cual redactó una asamblea constituyente electa en el 2021, es “una lista fantasiosa y fiscalmente irresponsable de la izquierda”.
El documento pretende prohibir la “precariedad laboral”, amplía las dádivas del Estado y los derechos “sociales”, lo cual aumentaría el papel del Estado en la salud médica, la educación y la vivienda.
El texto permite expropiaciones por decreto legislativo sin compensación para los propietarios legítimos, restringe la industria minera, elimina la libertad educativa y disuelve el Senado, allanando el camino para que el poder ejecutivo imponga su agenda sin oposición. La nueva constitución también exige la paridad de género en todas las instituciones públicas.
Al contener 49.637 palabras, la nueva constitución es más de seis veces más larga que la de EE.UU., la cual está vigente desde 1788 y se centra en restringir el poder del Estado. En cambio, la nueva constitución de Chile sólo busca ampliar el poder estatal, y lo hace con un texto más largo que el de la constitución actual de Venezuela, la cual redactó Hugo Chávez durante el primer año de su régimen. Así, sentó las bases para su revolución socialista, la tiranía y el consiguiente colapso económico.
Venezuela ha tenido 26 constituciones en poco más de dos siglos de historia. En general, la práctica latinoamericana de desechar constituciones y redactarlas de nuevo ayuda a explicar la inestabilidad política de la región. En teoría, una constitución brinda estabilidad legal dentro de un marco predecible, como el sistema operativo de una computadora. Pero al manipular el código fundamental, se crean fallas de seguridad que son fácilmente explotados por los oportunistas políticos, quienes buscan amplificar su propio poder y derrocar el orden establecido.
Incluso si los chilenos rechazan la nueva constitución, como han indicado las encuestas, Boric ha dicho que comenzaría el proceso de nuevo con la elección de otra asamblea constituyente. Esto podría traer años de caos constitucional, incertidumbre legal y estancamiento económico.
Justo cuando está en juego el experimento de libre mercado más exitoso de América Latina, el resto del mundo puede aprender la lección de Chile: cuidado con las fantasiosas promesas de la izquierda radical.
