El nuevo secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert R. Ramdin, manifestó recientemente su intención de promover un diálogo con el régimen de Nicolás Maduro y la oposición como vía exclusiva para superar la crisis política de Venezuela.
Por: Ramón Cardozo – DW
En una entrevista concedida el pasado 23 de junio a la agencia EFE, Ramdin declaró: «Quiero promover un enfoque basado en el diálogo con el Gobierno, pero también con la oposición en Venezuela, con todos los partidos… No voy a discutir sobre si es una dictadura o no. Para mí es importante que, si hay un problema sobre democracia y elecciones, tratemos de resolverlo para que haya estabilidad política en el futuro».
Este enfoque de Ramdin, —que prioriza un diálogo sin condiciones ni diagnóstico previo sobre la naturaleza del régimen—, representa un distanciamiento importante respecto al mandato normativo de la Carta Interamericana de la OEA. Además, corre el riesgo de ignorar hechos fundamentales que deberían enmarcar cualquier iniciativa de negociación seria que realmente busque redemocratizar a Venezuela.
Entre estos hechos destaca que, casi un año después de las cuestionadas elecciones presidenciales de 2024, el régimen de Maduro sigue sin cumplir la resolución adoptada por el Consejo Permanente de la OEA el 16 de agosto de ese año, en la que se le exige la publicación detallada de los resultados electorales por mesa y la verificación imparcial de las actas de votación.
Igualmente, en octubre de ese mismo año, el Centro Carter presentó ante esa misma instancia los originales de las actas recopiladas por la oposición venezolana, las cuales, según sus conclusiones, acreditaban la victoria de Edmundo González Urrutia.
La propuesta de diálogo también parece desentenderse de lo que ocurrió tras ese proceso electoral: el régimen impuso sus falsos resultados por la fuerza, desatando una ola represiva que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó como terrorismo de Estado.
El saldo fue trágico: al menos 23 personas murieron y más de 2.000 fueron detenidas. Esta política de persecución sistemática en contra de la oposición democrática se mantiene al día de hoy, con un saldo de más de 900 personas presas según reporta la ONG Foro Penal.
Finalmente, esta apuesta por el diálogo como «vía exclusiva” de la OEA ignora el largo historial de manipulación del chavismo de procesos de negociación. El ejemplo más reciente fue la flagrante violación de los compromisos establecidos en el Acuerdo de Barbados, suscrito el 17 de octubre de 2023, bajo la facilitación del Reino de Noruega, para garantizar las condiciones mínimas de cara a las presidenciales de 2024.
En este contexto, resulta legítimo preguntarse si el enfoque propuesto por Ramdin puede realmente contribuir a redemocratizar de forma duradera a Venezuela, o si, por el contrario, corre el riesgo de neutralizar el rol que la OEA está llamada a desempeñar en la restauración del Estado de derecho y del orden constitucional en el país.
Diálogos que favorecen el retroceso democrático
Desde que en 2013 Nicolás Maduro asumió la presidencia de Venezuela, se han promovido al menos cinco procesos de diálogo y negociación con participación internacional. Todos ellos arrojaron resultados limitados y no lograron ofrecer soluciones duraderas a la profunda crisis que atraviesa el país.
Por el contrario —tal como lo sostiene el Dr. Miguel Ángel Martínez Meucci, experto en conflicto político y procesos de pacificación— «Maduro ha aprendido a utilizar estos procesos para reequilibrar su régimen autoritario”.
Los hechos demuestran que las mesas de negociación han sido empleadas por el régimen como una herramienta táctica de consolidación autoritaria, más que como una vía sincera hacia la apertura democrática.
La estrategia del chavismo en estos espacios ha sido sistemáticamente la misma: proyectar una imagen de apertura ante la comunidad internacional, obtener legitimidad política, buscar alivio económico, ganar tiempo en medio de crisis internas, desescalar las protestas ciudadanas, reducir la presión política, debilitar a la oposición y fomentar sus divisiones internas.
De modo que, como señala Martínez Meucci, «hasta ahora, el único resultado cierto que coincide con cada [uno de estos procesos] ha sido el desescalamiento de las tensiones y, a menudo, la desmovilización o profundización de las divisiones dentro de la oposición democrática”
La asimetría de poder que condiciona todo intento de diálogo
Un factor clave en el fracaso de los múltiples procesos de diálogo en Venezuela ha sido, como ha advertido Martínez Meucci, la profunda disparidad de poder entre el régimen de Nicolás Maduro y los actores que luchan por la restauración democrática en el país.
Esta asimetría se manifiesta de forma especialmente marcada en varios planos: el férreo control del chavismo sobre el aparato, recursos e instituciones del Estado; en la concentración total que tiene sobre los medios de fuerza y el uso de armas; su carácter revolucionario, incompatible con los principios democráticos; y el respaldo internacional que recibe de regímenes iliberales y autoritarios.
Esta disparidad estructural ha condicionado de manera decisiva tanto la dinámica como los resultados de las negociaciones. Le ha permitido al régimen imponer, en gran medida, la agenda y términos de las negociaciones, incidir en la designación de los negociadores de los opositores, limitar en gran medida los acuerdos a concesiones pragmáticas sin comprometerse a fondo con la transición política, retirarse de los procesos en cuanto considera que ya no existe una amenaza creíble de presión externa e interna; e incumplir los compromisos asumidos sin consecuencias.
Un enfoque pragmático al margen de la Carta Democrática Interamericana
Por tanto, resulta como mínimo preocupante plantearse un nuevo proceso de diálogo sin considerar los perniciosos efectos que genera la asimetría de poder entre el chavismo y la oposición democrática.
Más inquietante aún es que, desde la Secretaría General de la OEA, se impulse un enfoque para resolver la crisis venezolana sin apelar al marco legal que la propia organización ha consagrado para la defensa del orden democrático en la región, y que, en los hechos, parece privilegiar la estabilidad política por encima de la democracia.
Al evadir asumir una postura clara sobre el carácter del régimen venezolano, —especialmente en el contexto de las elecciones presidenciales de 2024, donde la OEA expresó preocupaciones sobre la transparencia electoral—, el enfoque pragmático del diálogo promovido por Ramdin contradice los principios de la Carta Democrática Interamericana, que exige una evaluación objetiva, y de ser necesario, la adopción de medidas firmes frente a las alteraciones del orden constitucional.
Esta ambigüedad obstaculiza la activación de los mecanismos más contundentes del instrumento y diluye la responsabilidad de la OEA de defender la democracia de manera inequívoca en la región.
