Por las redes sociales los médicos residentes del Hospital Pérez Carreño, en Caracas, ruegan por transductores y por la reparación de un tomógrafo que acumula meses paralizado. En los pasillos, los pacientes esperan con bolsas de insumos comprados en farmacias privadas, mientras en los medios estatales se multiplican las propagandas que anuncian miles de intervenciones quirúrgicas practicadas en centros privados bajo el Plan por la Salud y la Vida 2026.
Los casos remitidos a estas clínicas no corresponden a las patologías agudas que colapsan las salas de emergencia y las consultas externas de la red pública. Son intervenciones quirúrgicas de entrada por salida, programadas para facturación rápida: hernias inguinales y umbilicales, cirugías de vesícula por laparoscopia y procedimientos oftalmológicos de cataratas.
El triaje clínico tradicional fue sustituido por un filtro algorítmico y político: la aplicación VenApp y el sistema 1×10 del Buen Gobierno. El solicitante ingresa en la plataforma, adjunta su documento de identidad y valida sus datos en el Sistema Patria. De aprobarse la solicitud, el expediente se deriva a las aseguradoras públicas La Previsora y Seguros Miranda —adscritas al Ministerio de Economía y Finanzas— o a Seguros Horizonte, compañía bajo jurisdicción militar que opera bajo reserva institucional amparada en razones de seguridad de la nación.
La Ley Antibloqueo, aprobada en octubre de 2020 por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, faculta al Ejecutivo para declarar la confidencialidad de contratos y actos jurídicos, tramitándolos al margen del control legislativo. Esta disposición ha permitido incorporar operadores e instituciones privadas sin auditoría pública, manteniendo bajo reserva las tarifas y los montos de los convenios suscritos bajo la figura de asociaciones público-privadas (APP).
El mecanismo consolida una estructura asistencial asimétrica. Un trabajador con peritonitis permanece en un hospital público carente de quirófanos operativos e insumos básicos, mientras que un paciente con cataratas, validado por la estructura comunal, obtiene asignación inmediata en una clínica privada. En el centro particular se escenifica la recuperación médica: una intervención expedita que exige testimonios audiovisuales de agradecimiento para su difusión oficial. Se trata de una tercerización de las misiones estatales financiada en divisas.
En el Hospital Vargas de Caracas, las obras sanitarias anunciadas contrastan con áreas desprovistas de iluminación y personas que esperan horas para una transfusión sanguínea. Aunque voceros gubernamentales afirman un avance de 83% en los planes de rehabilitación, las listas de espera persisten. La misma situación se constata en el Hospital Central de Valencia y en la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera, en el estado Carabobo, donde las salas de emergencia desabastecidas coexisten con cubículos tercerizados de laboratorio e imagenología que facturan a la tasa de cambio en dólares en efectivo.
En el Zulia, el Hospital Universitario de Maracaibo y el Hospital General del Sur replican el esquema: los recintos pertenecen al Estado, pero los equipos de diagnóstico tecnológico avanzado están operados por consorcios privados que cobran estudios a precios de medicina privada.
Pese a que el Ministerio del Poder Popular para la Salud reporta fases de modernización y dotación de camas, los gremios médicos advierten de que las áreas críticas continúan clausuradas y los enfermos deben costear guantes, sondas y material descartable. El Estado actúa como canalizador: selecciona, certifica y transfiere pacientes a las clínicas privadas, mientras las patologías complejas —politraumatismos, afecciones renales y tratamientos oncológicos— quedan relegadas a la precariedad de las salas públicas.
Tercerización quirúrgica y control institucional
A partir de enero de 2026, el despacho sanitario implementó acuerdos bajo la modalidad de APP con clínicas privadas para realizar cirugías electivas del sistema público. Gremios profesionales señalan que el desvío de obligaciones hospitalarias al sector privado encubre la falta de asignación presupuestaria para rehabilitar los quirófanos de los centros asistenciales públicos.
A través del Plan por la Salud y la Vida 2026 gestionado por la VenApp, se transfieren recursos públicos en divisas a juntas directivas y sociedades mercantiles que operan más de 17 clínicas privadas en Caracas y 23 en ciudades como Maracay, Valencia y Maracaibo.
En la práctica administrativa internacional, una asociación público-privada en materia sanitaria distribuye riesgos de inversión. En el esquema implementado localmente, el riesgo financiero lo asume el erario, mientras el operador privado factura prestaciones garantizadas por el Estado.
En marzo de 2026, el Ministerio para la Salud informó sobre acuerdos estratégicos con aseguradoras del Estado para atender a cerca de 10.000 pacientes en 40 centros privados. Reportes oficiales publicados en junio de ese año señalaron la ejecución de 15.250 cirugías de cataratas y 20.366 intervenciones de baja complejidad, sobre un registro de 107.000 solicitudes procesadas mediante la aplicación digital.
La priorización de casos en la VenApp exige adjuntar cédula de identidad, informe facultativo y vinculación con la plataforma Patria, canalizando datos de residencia, registro electoral y perfiles socioeconómicos. El flujo de pacientes se concentra en recintos y servicios convenidos dentro de centros como el Hospital de Clínicas Caracas, Centro Médico Quirúrgico San Ignacio, Clínica CCCT y Clínica Piedra Azul, así como en entidades de rotación ambulatoria entre las que figuran la Clínica Atias, Clínica Bello Campo, Centro Integral de Rehabilitación y el Centro Oftalmodiagnóstico del Este.
En términos médicos, una peritonitis representa una urgencia quirúrgica inmediata, mientras que una hernia inguinal no complicada corresponde a una intervención electiva. El sistema asistencial separa ambas realidades: el paciente con cuadro agudo acude a hospitales públicos dependientes de quirófanos que sufren cortes eléctricos y desabastecimiento, en tanto que determinados sectores vinculados a la administración pública o militar canalizan procedimientos electivos mediante dependencias especializadas como el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo o pólizas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (Ipsfa).
Instalaciones de referencia asistencial como el Hospital Universitario de Caracas, el Hospital de Niños J. M. de los Ríos y la red hospitalaria del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) han visto mermada su capacidad resolutiva, obligando a los familiares a adquirir el material médico necesario para intervenciones de urgencia.
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