Por Salvador Bracho en DDC
Delcy Rodríguez enfrenta un escenario que revela las limitaciones estructurales heredadas de la larga permanencia del chavismo en el poder.
A 12 semanas de la captura y extracción de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, el Gobierno encabezado por la presidenta interina Delcy Rodríguez enfrenta un escenario que revela las limitaciones estructurales heredadas de la larga permanencia del chavismo en el poder. La realidad tercamente se impone sobre expectativas y anuncios.
Pese al respaldo explícito de la Administración Trump a Delcy Rodríguez como jefa de Estado y la promesa de la Casa Blanca de que se movilizarían hasta 100.000 millones de dólares para reactivar la industria petrolera, en la práctica entre las grandes petroleras estadounidenses ha terminado por imperar la cautela.
En paralelo, los venezolanos parecen haberse sacudido el miedo, y esto se manifiesta con un malestar social que se intensifica: un salario mínimo irrisorio congelado desde hace cuatro años, protestas crecientes de trabajadores y jubilados, y el anuncio de un plan de racionamiento eléctrico que confirma el retorno de los apagones prolongados y diarios.
Sin inversiones que revivan un sector petrolero devastado por décadas de control político, estatizaciones forzadas y corrupción endémica, el Ejecutivo carece del músculo financiero para atender las demandas más urgentes de la población. Una vez más, la realidad se impone sobre las expectativas de que, aunque sin elecciones, habría algo de prosperidad en Venezuela.
El sector hidrocarburos, que históricamente representó más del 90% de los ingresos fiscales y divisas del país, sigue en ruinas. Venezuela posee las mayores reservas probadas del mundo, pero su producción se encuentra muy por debajo de los 3,1 millones de barriles diarios que registraba antes de la llegada de Hugo Chávez en 1999.
La infraestructura está obsoleta o destruida y los analistas coinciden en que se requiere una inversión de al menos 100.000 millones. Aunque la líder opositora María Corina Machado sostuvo que, en verdad, serían 150.000 millones de dólares en diez años, con lo cual podría haber un rebote a cinco millones diarios de barriles de crudo desde la cifra actual: un millón.
Venezuela fue tema central esta semana en una conferencia energética celebrada en Houston, a la que asistió María Corina Machado y en la que los principales ejecutivos de las petroleras estadounidenses hicieron públicas sus aprehensiones sobre el escenario de un regreso masivo de inversiones a Venezuela.
Las señales de las grandes compañías no son alentadoras. Chevron, la única petrolera occidental que mantuvo operaciones limitadas incluso bajo las sanciones, fue clara. Su presidente ejecutivo, Mike Wirth, reconoció «signos de progreso» en las primeras semanas del año, pero advirtió que la flamante reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos resulta insuficiente.
«Para realizar grandes inversiones se necesitan más cambios en las leyes», sentenció. Y exigió mayor seguridad jurídica, acceso pleno al arbitraje internacional y garantías a largo plazo que reduzcan la discrecionalidad estatal.
Un día después, en la misma conferencia, ConocoPhillips endureció el tono. Su presidente ejecutivo, Ryan Lance, calificó la reforma como «lamentablemente insuficiente». La empresa, expropiada por el chavismo en 2007 cuando Hugo Chávez era presidente, exige el pago previo de una deuda de unos 12.000 millones de dólares antes de considerar nuevas inversiones de exploración y perforación.
«Sin cambios profundos en el marco tributario y legal, resulta poco atractivo para las grandes empresas considerar nuevos proyectos», afirmó Lance. ExxonMobil, por su parte, fue aún más rotundo: su CEO Darren Woods declaró que Venezuela «es un país donde no se puede invertir», aunque un equipo evalúa la situación sobre el terreno.
Este escepticismo no surge en el vacío. Es el saldo de más de dos décadas de políticas chavistas: estatizaciones arbitrarias, control político sobre PDVSA, corrupción sistémica y falta de mantenimiento que convirtieron a la joya de la economía de Venezuela en un esqueleto.
En tanto, analistas advierten que acuerdos firmados por el Gobierno interino podrían ser cuestionados por futuras administraciones, dado que la legitimidad de Delcy Rodríguez no está dada por una votación popular.
Sin ese flujo de inversiones, el Gobierno interino no tendrá recursos para responder al creciente malestar social. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró en febrero 599 protestas, un aumento del 252% respecto al mismo mes del año anterior. Un promedio de 20 manifestaciones diarias. El 71% de ellas respondió a demandas civiles y políticas —liberación de presos y garantías de libertades—, pero el 29% se centró en derechos económicos y sociales: salarios dignos, condiciones laborales y servicios básicos como electricidad y agua.
El salario mínimo, congelado desde marzo de 2022 en 130 bolívares —equivalentes a unos 28 centavos de dólar—, se ha convertido en un «sueldo de hambre», según denuncian trabajadores y jubilados. El pasado 23 de marzo hubo manifestaciones de protesta, coordinadas, en Caracas y en 21 de las 23 capitales provinciales de Venezuela.
A este descontento se sumó el anuncio, el 22 de marzo, de un plan de racionamiento eléctrico por parte de Delcy Rodríguez. El retorno de los apagones prolongados y diarios (herencia de la destrucción del sistema eléctrico bajo el chavismo, con fallas crónicas en la generación termoeléctrica y la red de transmisión) ha obligado al Ejecutivo a reconocer la crisis. Sin embargo, el plan oficial ha generado desconcierto: no incluye un cronograma claro ni mecanismos para que la población se prepare, lo que agrava la incertidumbre en hogares y comercios ya golpeados por la falta de servicios básicos.
A 12 semanas del cambio de poder en Caracas, el balance es claro: el respaldo de Trump y el optimismo inicial de los mercados chocan contra la inercia de un modelo que destruyó las bases productivas del país. El chavismo legó, no solo ruinas físicas, sino una cultura de discrecionalidad estatal, desconfianza contractual y clientelismo que hoy obstaculiza la recuperación.
Sin seguridad jurídica creíble, sin pago de deudas pendientes y sin un marco que convenza a los inversores de que los acuerdos serán respetados más allá de un Gobierno interino, las grandes petroleras prefieren esperar. Y mientras esperan, la población paga el costo: salarios de miseria, protestas crecientes y un racionamiento eléctrico que recuerda los peores momentos de la crisis.
El Gobierno de Delcy Rodríguez topó con la realidad.
