El 7 de enero de 2026, Marco Rubio, secretario de Estado, compareció ante el Congreso estadounidense para explicar la hoja de ruta que la Casa Blanca diseñó para el «día después en Venezuela», bajo la premisa expuesta por Donald Trump: «Vamos a administrar el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa».
Por: Ramón Cardozo – DW
Rubio explicó a los legisladores que se habían establecido tres etapas: primero «estabilización», luego «recuperación» y, por último, «transición», con la salvedad de que «parte de esto se solapará».
La implementación de esta hoja de ruta se llevaría a cabo con la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, como figura operativa, mientras la oposición democrática parece quedar al margen hasta la tercera etapa.
Legitimidad democrática, en último plano
La primera etapa, señaló Rubio, busca evitar que el país «caiga en el caos». Bajo esa lógica justificó el mantenimiento de la «cuarentena petrolera» y anunció que Washington tomaría entre 30 y 50 millones de barriles de crudo venezolano previamente sancionado para venderlos «a precios de mercado» y controlar la distribución de los fondos, de modo que no vayan «a la corrupción ni al régimen».
La segunda etapa es la de «recuperación», entendida como «asegurar que las empresas estadounidenses, occidentales y de otros países tengan acceso al mercado venezolano de forma justa». Rubio también se refirió a un proceso de «reconciliación nacional», que permitiría reconstruir la sociedad civil. Solo al final de este proceso se ubica el tercer escalón: «la transición» hacia la democracia.
Esta secuencia relega la legitimidad democrática al último plano, abriendo la posibilidad de que se tomen decisiones estructurales que condicionarán el futuro del país, sin que ellas cuenten con la participación de autoridades legítimamente representativas del pueblo venezolano. Se trata de una secuencia que obedece a un «criterio político», que debe ser analizado con mucho detenimiento.
Los temores de los inversionistas estadounidenses
El componente económico de la segunda etapa en la hoja de ruta —asegurar el acceso de las empresas estadounidenses al mercado venezolano— no tardó en traducirse en acciones concretas.
El 9 de enero, Donald Trump convocó a una reunión a puerta cerrada en el Salón Este de la Casa Blanca con ejecutivos de las compañías energéticas más grandes de los Estados Unidos para persuadirlos de que invirtieran los más de 100.000 millones de dólares que se estiman necesarios para reconstruir y reactivar el sector petrolero venezolano.
La respuesta de los asistentes, según reportes de prensa, fue bastante cautelosa y escéptica. Los directivos de la industria petrolera expresaron reservas y señalaron los múltiples riesgos —legales, financieros y políticos— que suponen invertir en las condiciones actuales de Venezuela.
La inestabilidad política, las sanciones que aún pesan sobre el sector petrolero, las deudas existentes, la necesidad de garantías financieras, el estado de derecho y el marco legal venezolano vigente, fueron algunos de los principales obstáculos señalados por los empresarios.
El chavismo anuncia reforma integral del marco legal venezolano
Es previsible que Washington ya hubiera anticipado estas exigencias. Según nota de Reuters, dos fuentes habrían señalado que «funcionarios estadounidenses —entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio— en conversaciones con Delcy Rodríguez, plantearon que las empresas norteamericanas requieren contratos favorables para volver a Venezuela, debido al temor por los riesgos legales y financieros que implica invertir en el país».
El 8 de enero, un día antes de que Trump anunciara su encuentro con las petroleras, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional chavista y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que el legislativo emprendería «una reforma integral del marco legal venezolano».
Este ambicioso proyecto, emprendido por un régimen que «presuntamente” avanza hacia un proceso de transición, busca concentrar y sistematizar la normativa del país a través de la creación de ocho grandes códigos que abarcarán las áreas civil, penal, electoral, política, social y económica.
Entre los nuevos instrumentos destacan el Código de Democracia Directa y de Afianzamiento del Poder Popular, el Código Penal Popular y el Código Económico y de Comercio Productivo, el cual concentrará toda la legislación económica y comercial, incluyendo la modernización del marco legal para las relaciones comerciales.
Precisamente, este último se perfila como el vehículo para que el régimen chavista tutelado introduzca las reformas que demandan los futuros inversionistas. En este compendio podrían entrar reformas críticas como las modificaciones a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, a la Ley de Hidrocarburos Gaseosos, a la Ley de Protección de Inversiones, a la Ley de Contrataciones Públicas, junto con la derogación de la Ley Antibloqueo.
¿Quién puede comprometer al país?
Aunque el oficialismo encabezado por Delcy y Jorge Rodríguez se prepara para reescribir el andamiaje legal en materia económica y energética —como lo sugiere la anunciada iniciativa para la creación del Código Económico y de Comercio Productivo— y para una futura suscripción de acuerdos, la validez y conveniencia de estas acciones, emprendidas por un gobierno sin legitimidad democrática, y bajo tutela extranjera, genera profundas dudas.
Estas dudas surgen incluso dentro del propio mundo empresarial norteamericano. Amos Hochstein, socio director del grupo de inversión TWG Global, las resume con claridad: «Las empresas estadounidenses necesitan saber quiénes son sus contrapartes. ¿Están firmando acuerdos con el Gobierno venezolano? ¿Es legítimo el Gobierno venezolano?»
La respuesta a esta duda por parte de reconocidos juristas venezolanos, como el Dr. Asdrúbal Aguiar, ex magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y secretario general del Grupo IDEA, es categórica: «Nicolás Maduro carecía de legitimidad de origen para el ejercicio de un gobierno, obviamente esa misma falta de legitimidad arrastra a la vicepresidente y al resto de sus ministros que ejercen el poder desde el punto de vista netamente fáctico».
En igual condición de ilegitimidad se encuentra la Asamblea Nacional chavista, electa en mayo de 2025. El proceso, desarrollado bajo el control total del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, estuvo marcado por una abstención masiva, una gestión opaca y parcializada del árbitro electoral, la persecución de adversarios y severas restricciones a las libertades fundamentales. Distintos gobiernos, incluyendo el de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea, calificaron este proceso como un acto carente de validez democrática.
La transición no puede esperar a la recuperación
En estos 26 años de gestión, el chavismo destruyó la industria petrolera venezolana, un sector que durante gran parte del siglo XX figuró entre los más eficientes del mundo.
Su recuperación técnica y financiera exige capital y tecnología que el país no posee actualmente. Tal y como han planteado los programas de la oposición democrática, esa recuperación pasa por reabrirse a los socios occidentales y a la inversión extranjera. El debate no es la apertura, sino quién posee la legitimidad para comprometer los recursos estratégicos de la nación.
En los últimos años, el petróleo y el gas han concentrado más del 90 por ciento de las exportaciones venezolanas y son la principal fuente de ingresos del Estado. Pero su peso no es solo fiscal: desde mediados del siglo XX, el sector energético estructura la economía venezolana y ha sido la palanca del desarrollo en el país. Por eso, comprometer esos recursos mediante reformas legales y convenios de largo plazo es una decisión soberana que solo la puede asumir un gobierno con mandato popular.
Delegar esa tarea en manos de quienes destruyeron la industria y, además, carecen de legitimidad democrática constituye un contrasentido político y un riesgo jurídico. Implica imponer a Venezuela, sin representación legítima, decisiones estructurales que condicionarán su futuro económico, obligando a la democracia futura a convalidar hechos consumados.
Si se quiere que la recuperación sea estable en el tiempo y con aceptación social, la transición hacia la democracia debería preceder al proceso de reconstrucción. O, en todo caso, ambas etapas deben avanzar en forma simultánea.
