El documento titulado «Democratic Transition Framework for Venezuela» (Marco para la Transición Democrática en Venezuela) es una hoja informativa oficial emitida por el Departamento de Estado de los EE. UU. el 31 de marzo de 2020. Este texto propone una hoja de ruta pacífica y secuencial de 13 puntos para restaurar la institucionalidad democrática en el país.
Su núcleo se centraba en la disolución de la Asamblea Nacional Constituyente, la creación de un Consejo de Estado multipartidista para ejercer el poder ejecutivo temporalmente y la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres en un lapso de 6 a 12 meses. Todo esto condicionado a un levantamiento gradual y estructurado de las sanciones estadounidenses sobre los sectores clave de la economía venezolana.
Mientras que el plan de 2020 buscaba una transición institucional negociada internamente bajo el incentivo del alivio de sanciones, el proceso de 2026 se ejecuta bajo un esquema de control externo de facto (el denominado «Modelo Venezuela»), donde Washington administra los fondos energéticos y presiona de manera directa la reconstrucción del aparato judicial y electoral del país caribeño.
El texto detalla una propuesta de 13 puntos y una sección de garantías institucionales diseñada por el gobierno estadounidense para lograr una transición política en Venezuela. Los pilares principales incluyen:
- Restauración de poderes: Disolución de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y restitución de funciones a la Asamblea Nacional (AN).
- Gobierno de transición: Creación de un «Consejo de Estado» multipartidista que asume el poder ejecutivo de forma temporal y nombra un presidente interino que no podrá postularse en las siguientes elecciones.
- Levantamiento gradual de sanciones: EE. UU. ofrece retirar o suspender sanciones a medida que se cumplan pasos clave, como la formación del Consejo, la salida de fuerzas de seguridad extranjeras y la realización de elecciones libres.
- Justicia y Elecciones: Creación de una Comisión de la Verdad y la Reconciliación, amnistías (excepto para crímenes de lesa humanidad), y la convocatoria a elecciones presidenciales y parlamentarias en un plazo de 6 a 12 meses.
