El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, difundió este sábado en su cuenta privada de la red social X el afiche oficial que anuncia una recompensa de 50 millones de dólares por información que permita la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro. Esta medida es parte de una ofensiva del gobierno de Donald Trump contra los cárteles latinoamericanos designados como organizaciones terroristas globales, en la que Maduro aparece señalado como uno de sus principales líderes.
La recompensa, que duplica la oferta anterior, convierte a Maduro en uno de los individuos más buscados por las autoridades estadounidenses, superando a conocidos jefes terroristas y narcotraficantes. El anuncio oficial se produce tras la firma de un decreto presidencial que autoriza a las Fuerzas Armadas de EE.UU. a combatir militarmente a los cárteles involucrados en narcoterrorismo, entre ellos el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles, organización que Washington vincula directamente con Maduro.
En su publicación, Rubio destacó que “Maduro ha estrangulado la democracia y se ha aferrado al poder”, y señaló que el mandatario chavista afirmó haber ganado las elecciones del 28 de julio de 2024 sin presentar ninguna prueba.
La fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, confirmó que Maduro es “uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional”, y detalló que la DEA ha incautado más de 30 toneladas de cocaína relacionadas con el régimen venezolano, incluyendo casi siete toneladas vinculadas directamente al presidente. Además, el Departamento de Justicia informó sobre la confiscación de activos valorados en más de 700 millones de dólares, entre ellos dos aviones privados y nueve vehículos.
Rubio defendió la nueva estrategia internacional de la administración Trump, explicando que el enfoque trasciende la aplicación de la ley para convertirse en un asunto de seguridad nacional, en el que se movilizan agencias de inteligencia y el Departamento de Defensa para atacar estas redes criminales.
Por su parte, el régimen venezolano rechazó categóricamente la medida. El canciller Yván Gil calificó la recompensa como una “cortina de humo” y una “operación de propaganda política”, asegurando que “la dignidad de nuestra patria no está en venta”.
