Una pesadísima carga más para el ánimo de la resistencia venezolana. Eso es lo que supone la sentencia que dictó el lunes la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela contra la oposición, a través de la cual suspende «todos los efectos» de las elecciones internas organizadas por la Comisión Nacional de las Primarias (CNP) del pasado 22 de octubre. En estos comicios, y con el 92% de los votos, se proclamó a María Corina Machado como su candidata única para las elecciones presidenciales de 2024.
Por: Ludmila Vinogradoff – ABC
La ficha de la sentencia es la 122 del Expediente: 2023-0000065, cuyo procedimiento responde al recurso contencioso electoral interpuesto por José Brito -conocido como el ‘alacrán’ del partido Primero Justicia, que se vendió al chavismo- contra las primarias de la oposición para elegir al candidato presidencial unitario.
El Tribunal de Maduro
La sala declaró su competencia y decidió un amparo cautelar contra la CNP y todos y cada uno de los 25 actos o fases del cronograma elector. La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia considera «procedente» el recurso y, en consecuencia, «se suspenden todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la Comisión Nacional de las Primarias».
También ordena a la CNP remitir a este órgano judicial los antecedentes administrativos de las 25 fases que deben regir el proceso electoral, desde la convocatoria y su constitución como comisión electoral, pasando por el cronograma electoral, registro electoral con sus lapsos de impugnación y depuración, postulaciones con sus lapsos de impugnación y depuración, incluyendo el acta de aceptación de la postulación formulada por la ciudadana inhabilitada, de manera firme durante 15 años, María Corina Machado.
María Corina firme
En declaraciones a ABC, María Corina Machado, la candidata presidencial única de la oposición, no se deja amedrentar por la sentencia del TSJ: «Me habilitaron los 2,5 millones de votos de las primarias el 22 de octubre, es un hecho y un mandato. Y me voy a inscribir el próximo año, aunque Maduro no quiera, y lo voy a derrotar» .
Perkins Rocha, un jurista que defiende a la candidata María Corina Machado, asegura a este periódico que la sentencia del TSJ es «imposible de cumplir» por ser un proceso electoral de orden privado que no está regido por el orden público. Añade que, después de la proclamación de Machado, «no hay materia sobre la que discutir. Es un acto formal y consumado que fue cumplido y formalizado».
Rocha explica que la circunstancia de la sala electoral que ordena la paralización del proceso de las primarias «no existe. No se puede suspender lo que no existe. Esto es un absurdo porque no hay un hecho punible sobre el cual hay una sentencia».
El jurista Rocha insiste en que «tenemos una candidata, que es María Corina, y se inscribirá en las presidenciales cuando abran las inscripciones del Consejo Nacional Electoral (CNE)». Sobre el CNE chavista preguntamos y Rocha responde que la institución «tendrá que entender que, en democracia, las condiciones electorales son distintas y hay que abrir paso. Los protagonistas son los venezolanos».
En cuanto a las sanciones, Perkins Rocha dice que es un momento de desmontar los mitos que ha construido el acuerdo de Barbados: un pacto parcial firmaron por los representantes del Gobierno de Maduro y de la oposición hace dos semanas, por el que las partes se comprometieron a seguir avanzando para ofrecer garantías electorales y recuperar la confianza de los venezolanos en el voto en las próximas presidenciales. Cabe recordar que este acuerdo fue premiado por el Gobierno de EE.UU. con el anuncio del levantamiento de sanciones al petróleo, el gas y el oro de Venezuela. En opinión de Perkins Rocha, el acuerdo de Barbados «solo queda incólume si las cabezas del régimen cumplen las garantías». Según el negociador de la oposición Gerardo Blyde, el acuerdo de Barbados está por debajo de otros que son los 2,5 millones de ciudadanos que exigen tener su representación en el diálogo con el chavismo, además de los familiares de las víctimas de los presos políticos.
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