Martha Tineo, coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), denunció que a pocos días de cumplirse el primer aniversario de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, Venezuela atraviesa una de sus fases más oscuras en materia de derechos humanos en las últimas dos décadas.
En un reciente balance, la organización señaló que tras los controvertidos comicios, más de 1.000 personas permanecen privadas de libertad por motivos políticos, muchas de ellas en condiciones que podrían constituir tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes.
De 300 a más de 1.000 presos políticos tras las presidenciales
“Antes del 28 de julio del 2024 había un registro de poco más de 300 personas presas por razones políticas. Ese número se incrementó exponencialmente a partir del 29 de julio”, detalló Tineo, quien destacó que el salto refleja la consolidación de un aparato represivo estatal activado tras las cuestionadas elecciones presidenciales.
Desde esa fecha, caracterizada por denuncias de exclusión de candidatos opositores y graves irregularidades, el Estado venezolano ha intensificado la persecución contra activistas, defensores de derechos humanos y opositores.
JEP alertó sobre un patrón de detenciones arbitrarias sin orden judicial, imputaciones sin sustento y negación del derecho a la defensa, que mantiene a la mayoría de los presos políticos sin juicio: cumpliendo una suerte de condena anticipada.
“Estas personas están privadas de libertad en violación del debido proceso y del principio de presunción de inocencia”, lamentó Tineo.
Condiciones inhumanas en centros de detención
La situación dentro de los centros de detención es de hacinamiento, falta de agua potable, atención médica deficiente y alimentación insuficiente, lo que pone en riesgo la salud física y mental de los privados de libertad, según el monitoreo de la organización.
Destacaron los casos de cuatro adolescentes recluidos arbitrariamente, en condiciones que contravienen la Convención sobre los Derechos del Niño.
JEP también denunció el uso sistemático del aislamiento prolongado y la incomunicación como formas de castigo, lo que incrementa el riesgo de tortura y la indefensión.
“En muchos casos, ni siquiera los familiares ni abogados han podido tener contacto. Esto vulnera todos los estándares internacionales”, dijo Tineo, y advirtió que algunos son ciudadanos con doble nacionalidad o extranjeros que incluso han sido privados del servicio consular, en violación de la Convención de Viena.
La organización señaló que la prisión política no solo afecta a los que están tras las rejas. “Si hablamos de más de 1.000 presos políticos, entendemos que el impacto afecta a miles, considerando a sus familias. Son vidas truncadas, talentos y trabajo que pudieran estar aportando al país, en medio de una crisis económica y social profunda”, afirmó Tineo.
Piden no normalizar la represión
El más reciente informe del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, presentado en junio ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, ratificó las preocupaciones sobre el incremento de la represión en Venezuela tras las presidenciales.
Türk advirtió que la persecución en Venezuela socava gravemente el Estado de derecho y pidió la liberación inmediata de todos los detenidos por razones políticas.
Tineo reiteró el compromiso de su organización: “No estamos hablando de cifras, estamos hablando de vidas. Seguiremos del lado de las víctimas, acompañándolas, denunciando y exigiendo justicia”.
JEP hizo un llamado a la comunidad internacional a no normalizar el encarcelamiento de la disidencia ni la consolidación de un modelo autoritario, y a mantener activos los mecanismos diplomáticos y de protección.
