Giorgia Meloni asumió el poder en Italia en octubre de 2022, y desde entonces, la inmigración ilegal ha caído en picado. Según datos del Departamento de Seguridad Pública, hasta el 31 de diciembre de 2023, se registraron 157.651 entradas ilegales en Italia. En 2024, ese número se desplomó a 66.617: casi un 58% menos. Y en 2025, a fecha 3 de noviembre, se han contabilizado 59.438 inmigrantes ilegales. Estamos hablando de una reducción acumulada del 62% en dos años completos.
Miremos los detalles que importan: en julio de 2023 se registro un pico de 23.420 inmigrantes ilegales; en 2024, sólo 7.465. En agosto de 2023, 25.673; y en 2024, 8.526. En octubre de 2023 registró un total de 10.277 accesos de ilegales; en 2024, 5.722.
Los descensos en fechas clave son realmente relevantes. Las nacionalidades más comunes siguen siendo Bangladesh (30%), Egipto (14%) y Eritrea (12%), pero el flujo total se ha contenido gracias a los acuerdos con Túnez y Libia, que han mermado notablemente las salidas desde ciertos enclaves en la costa de ambos países.
Otro logro clave: los menores extranjeros no acompañados. De 18.820 en 2023 a 8.752 en 2024, y 10.732 en 2025 hasta ahora. Un descenso sostenido de más del 40% en tan sólo dos años.
Sin embargo, existe aún una asignatura pendiente: las ONG que siguen operando en el Mediterráneo Central. Sus operaciones selectivas avivan el efecto llamada, atrayendo más pateras y frustrando el descenso que podría ser aún mayor. Mientras el Gobierno italiano actúa con mano dura, estas organizaciones ideológicas mantienen viva la ruta mortal ante una Europa indolente.
