El diputado federal de Morena, Armando Corona Arvizu, ha desatado la polémica en México al presentar una iniciativa que busca castigar con hasta seis años de prisión y multas de hasta 600 días de salario a quienes «elaboren, manipulen o difundan memes, stickers o contenidos digitales alterados mediante inteligencia artificial o programas de edición».
La llamada «Ley Anti-Stickers», presentada el 23 de septiembre en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, plantea reformar el Código Penal Federal para tipificar este tipo de creaciones digitales como una nueva forma de violencia o difamación en el entorno virtual. Según el texto, compartir un meme sin autorización podría considerarse un ataque «contra la dignidad, el honor y la vida privada de las personas».
«Cada imagen manipulada, cada audio falseado y cada meme compartido sin autorización representa un ataque directo contra la dignidad y la vida privada», argumentó el legislador en su exposición de motivos. La propuesta contempla sanciones de tres a seis años de prisión, incrementadas hasta en una mitad si la víctima es un servidor público. También aplicaría a gifs, audios o videos editados con IA que causen daño moral o reputacional.
El proyecto fue difundido por medios como El Financiero, Infobae y Excélsior, que coinciden en que la iniciativa aún no ha sido aprobada ni discutida en comisiones. Sin embargo, su sola presentación ha generado una ola de críticas por su potencial impacto sobre la libertad de expresión y el humor político en redes sociales.
Juristas y colectivos digitales han calificado la propuesta de «excesiva e impracticable», señalando que podría criminalizar prácticas cotidianas del internet mexicano. «Tipificar un meme como delito penal es abrir la puerta a la censura masiva», advirtió la abogada constitucionalista Sofía Martínez Ríos en declaraciones recogidas por El Financiero.
Para los críticos, la iniciativa encaja en una tendencia más amplia del oficialismo mexicano: regular el discurso digital bajo el argumento de combatir la desinformación o el discurso de odio. En los últimos años, el Gobierno de Claudia Sheinbaum y legisladores de Morena han impulsado proyectos para vigilar el contenido en redes o limitar el anonimato en plataformas digitales, generando preocupación entre organizaciones de derechos humanos y periodistas.
