Las autoridades federales de Estados Unidos han detenido a más de 400 inmigrantes ilegales con antecedentes penales muy graves en el estado de Minnesota durante una operación especial contra el crimen organizada por el Gobierno central. Entre los arrestados hay violadores, pedófilos y delincuentes violentos, muchos de ellos con órdenes de expulsión pendientes desde hace años que nunca se ejecutaron.
La operación, denominada Operation Metro Surge, ha sido llevada a cabo por la policía migratoria federal (ICE) bajo la supervisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Desde Washington responsabilizan directamente al gobernador de Minnesota, Tim Walz, y al alcalde de Minneapolis por aplicar políticas «santuario», es decir, normas que limitan la colaboración de las autoridades locales con el Estado en materia de inmigración ilegal.
La secretaria adjunta del DHS, Tricia McLaughlin, ha sido contundente: «Estos criminales han podido permanecer en libertad porque las autoridades estatales y municipales se negaron a cooperar. Minnesota es hoy más segura gracias a la actuación de los agentes federales». Según el Gobierno estadounidense, estas políticas han convertido al estado en un refugio para inmigrantes ilegales con historial delictivo, conscientes de que no serían entregados a las autoridades migratorias.
Entre los detenidos figuran personas condenadas por abusos sexuales a menores, violaciones, agresiones con armas, secuestros y robos, algunas con múltiples condenas en distintos estados. En varios casos, las órdenes de deportación estaban vigentes desde hace más de diez o incluso veinte años, sin que las autoridades locales hubieran facilitado su ejecución.
La operación se enmarca en la nueva ofensiva del Gobierno federal contra la inmigración ilegal criminal, una prioridad de la Administración Trump, que busca expulsar de forma prioritaria a extranjeros sin papeles con antecedentes penales. El DHS ha anunciado además la creación de una base de datos pública para que los ciudadanos puedan consultar cuántos inmigrantes ilegales con delitos están siendo detenidos y expulsados.
El caso ha reabierto el debate en Estados Unidos sobre las políticas santuario, defendidas por la izquierda como una medida «humanitaria», pero cada vez más cuestionadas por su impacto directo en la seguridad ciudadana, especialmente cuando permiten que delincuentes extranjeros permanezcan en libertad.
