El Gobierno de Venezuela ha intensificado dramáticamente sus esfuerzos para aplastar toda oposición pacífica a su mandato, sumiendo a la nación en una de las crisis de derechos humanos más graves de la historia reciente, advirtió hoy la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela en su último informe.
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ONU
Las violaciones y crímenes documentados, incluido el crimen de lesa humanidad de persecución con motivaciones políticas, no son actos aislados o aleatorios, sino parte de un plan continuo y coordinado para silenciar, desanimar y reprimir la oposición al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, señaló el informe.
«Estamos presenciando una intensificación del aparato represivo del Estado en respuesta a lo que percibe como críticas, oposición o disidencia”, dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos. “Aunque esto es una continuación de patrones previos que la misión ya ha caracterizado como crímenes de lesa humanidad, la represión reciente, debido a su intensidad y carácter sistemático, representa un ataque muy grave a los derechos fundamentales del pueblo venezolano, cometido a pesar de múltiples llamados dentro y fuera del país para respetar los derechos humanos”.
El informe de la Misión, que examina la situación de los derechos humanos en el país entre septiembre de 2023 y agosto de 2024, indicó que se ha alcanzado un nuevo hito en el deterioro del estado de derecho tras las elecciones presidenciales de julio. Las autoridades públicas han abandonado toda apariencia de independencia y, en la práctica, muchas garantías judiciales han perdido su efectividad, dejando a la ciudadanía indefensa ante el ejercicio arbitrario del poder.
En el período previo a las elecciones, de diciembre de 2023 a marzo de 2024, al menos 48 personas fueron detenidas bajo el argumento de lo que el Gobierno describió como conspiraciones en su contra, y se emitieron órdenes de arresto para otras personas. Entre estas se incluyen personal militar, así como defensores de derechos humanos, periodistas y miembros de la oposición política.
Solo en julio, la misión documentó más de 120 personas arrestadas en el contexto de eventos de campaña de la oposición. En la primera semana de protestas posteriores a las elecciones, según cifras de las propias autoridades, más de 2.000 personas fueron detenidas. Estos individuos, incluidos más de un centenar de niños, algunos con discapacidades, fueron acusados de terrorismo e incitación al odio.
Estas detenciones implicaron y fueron seguidas por graves violaciones del debido proceso, alcanzando niveles sin precedentes en el país. Los procedimientos penales iniciados contra los detenidos violaron sistemáticamente las garantías básicas del debido proceso.
La Misión de Determinación de los Hechos reafirmó su conclusión de que el sistema de justicia, liderado por el Tribunal Supremo, está claramente subordinado a los intereses del poder ejecutivo y sirve como un instrumento clave en su plan para reprimir todas las formas de oposición política y social.
«Las víctimas y gran parte de la población están expuestas al ejercicio arbitrario del poder, donde la detención arbitraria se utiliza sistemáticamente, con graves violaciones del debido proceso», dijo Francisco Cox, experto de la Misión de Determinación de los Hechos. “La misión ya había advertido que el Gobierno podría activar su aparato represivo a voluntad, y eso es precisamente lo que estamos observando ahora”.
Como adelanto de la ola de represión previa a las elecciones, Maduro y otros altos funcionarios advirtieron sobre la posibilidad de un baño de sangre si no lograban la victoria.
«El plan y la política represiva del Gobierno se dirigieron a individuos que se atrevieron a criticar al presidente Maduro, cuestionar las políticas gubernamentales o protestar contra los resultados electorales. Se enfocó especialmente en miembros de la oposición política o en aquellos percibidos como opositores por el Gobierno, aunque cualquier persona podría ser víctima», dijo Patricia Tappatá, experta de la Misión de Determinación de los Hechos.
“La severidad de la represión, el esfuerzo por demostrar resultados a través de encarcelamientos y el uso de maltratos y torturas han instaurado un clima de temor generalizado entre la población, reduciendo aún más el espacio cívico”.
El informe también registró una intensificación del acoso, la criminalización y otras restricciones al trabajo de actores clave de la sociedad civil, incluidas organizaciones de derechos humanos y periodistas.
«Teniendo en cuenta tanto los patrones de acción y la política estatal delineada en informes previos, como el perfil de las víctimas y las declaraciones públicas de altos representantes estatales, la misión tiene motivos razonables para creer que el crimen de persecución por motivos políticos ha sido cometido durante el período cubierto por su mandato», concluyó el informe.
Resumen
- · El informe cubre las violaciones graves de derechos humanos en Venezuela entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024, con un enfoque especial en la crisis postelectoral tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
- · Las elecciones del 28 de julio de 2024 fueron cuestionadas por su integridad, y las protestas posteriores fueron brutalmente reprimidas.
- · Las protestas postelectorales dejaron un saldo de 25 muertos y cientos de heridos y detenidos, marcando una de las crisis más graves de derechos humanos en la historia reciente de Venezuela.
- · Se intensificaron las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, y tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluyendo violencia sexual y de género.
- · Desde septiembre de 2023 hasta mayo de 2024, 60 personas fueron condenadas a penas entre 16 y 30 años de prisión, relacionadas con operaciones de supuesta conspiración.
- · Las cifras de personas detenidas en el periodo postelectoral variaron según las fuentes. Maduro se refirió a una cifra de 2.229 personas detenidas, a las que calificó de “terroristas”. El Foro Penal contabilizó 1.619 detenciones hasta el 31 de agosto.
- · La Misión obtuvo información sobre la detención de 158 niños y niñas (130 niños y 28 niñas) después de las protestas, que fueron acusados de graves delitos como terrorismo. Algunos tienen discapacidades. Se recibió información sobre niñas que fueron sometidas a vejaciones sexuales durante su presidio.
- · Durante el período anterior a las elecciones, la misión investigó 29 casos de desapariciones forzadas. Algunos casos mostraron la tendencia de las autoridades a ocultar información sobre el paradero de los detenidos, generando angustia entre sus familiares y limitando los recursos legales.
- · “Los métodos de tortura utilizados en los casos investigados incluyeron puñetazos; golpes con planchas de madera o con bates envueltos en espuma, y descargas eléctricas, incluidos en los genitales. Otros métodos registrados fueron la asfixia con bolsas de plástico, inmersión en agua fría y privación de sueño a través de iluminación y/o música con volumen alto las 24 horas del día”.
- · Las condiciones de detención en cárceles como «El Rodeo I» se caracterizan por aislamiento prolongado, condiciones insalubres, falta de acceso a alimentos y agua adecuados, y restricciones arbitrarias a las visitas.
- · Se intensificaron los actos de hostigamiento y persecución judicial contra periodistas, organizaciones no gubernamentales y actores clave de la sociedad civil.
- · En agosto de 2024, la Asamblea Nacional aprobó la «Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines», imponiendo limitaciones a estas organizaciones.
- · El informe enfatiza la necesidad de continuar investigando las violaciones de derechos humanos para combatir la impunidad y asegurar la rendición de cuentas de los perpetradores.
- · Llama la atención sobre la urgencia de que el Consejo de Derechos Humanos renueve el mandato de la misión para completar sus investigaciones y abordar las violaciones actuales.
- · La misión concluyó que algunas de las violaciones investigadas podrían constituir crímenes de lesa humanidad, incluidos encarcelamiento arbitrario, tortura, violencia sexual y actos inhumanos que forman parte de una política estatal para silenciar a la oposición.
