En Venezuela, el concepto de «custodia del Estado» ha mutado de una garantía de seguridad a una antesala de miedo, torturas y violaciones de derechos humanos. Entre 2024 y lo que va de 2026, la cifra de presos políticos fallecidos en centros de reclusión ha escalado hasta alcanzar las 28 víctimas, una lista que no solo da cuenta de decesos, sino de un patrón sistemático de involucra desidia médica, aislamiento y desaparición forzada, ante el cual el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Servicio Penitenciario han actuado con indiferencia y complicidad.
El caso de Víctor Hugo Quero Navas, cuya muerte fue confirmada oficialmente el 7 de mayo de 2026, es ejemplo reciente de esta realidad. El comerciante desapareció el 3 enero de 2025 tras ser detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Desde entonces, su madre, Carmen Teresa Navas, recorrió tribunales y centros de detención sin obtener respuesta. Un año después, tras una intensa presión mediática, se conoció que falleció en julio de 2025 en el Hospital Militar de Caracas por «tromboembolismo pulmonar«. El Estado lo enterró de forma anónima sin notificar a su familia.
Llamado internacional
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU expresó recientemente consternación por la opacidad institucional en Venezuela. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió otras medidas cautelares en la última semana de abril y principios de mayo, y advirtió que la falta de atención médica en centros como El Helicoide y la Dgcim es una «sentencia a muerte de facto».
La misión de la ONU, en sus actualizaciones de marzo y abril de 2026, denunció que en Venezuela existe omisión deliberada de medidas humanitarias. «Los jueces ignoran sistemáticamente los informes médicos que advierten sobre riesgos de muerte inminente», dice el informe.
Las familias de los presos políticos fallecidos bajo custodia siguen exigiendo justicia sin recibir respuesta de las autoridades, lo cual deja entrever que la cárcel en Venezuela se ha convertido, para muchos, en un destino sin retorno.
La falta de respuesta oficial ante la muerte de presos políticos evidencia una crisis estructural en el sistema penitenciario del país. Para los familiares, la ausencia de investigaciones efectivas confirma que el encarcelamiento ya no representa solo la privación de libertad, sino que se vulnera el derecho a la vida de manera sistemática.
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