Vía VOA
Las muertes de 3 presos políticos venezolanos bajo custodia del Estado en el último mes serán parte de informes e investigaciones de la fiscalía de la Corte Penal Internacional y la Misión Independiente de Determinación de Hechos de la ONU, prevén expertos.
Las muertes en la cárcel de tres presos políticos detenidos tras las elecciones presidenciales de julio en Venezuela violentan normas fundamentales de derechos humanos, entre ellas las llamadas “Reglas Nelson Mandela”, y activarán mecanismos internacionales de justicia para estos casos, ocurrido en el último mes, de acuerdo con especialistas.
Jesús Rafael Álvarez, un venezolano de 44 años que había sido detenido junto a su esposa Anny en Bolívar, en el sur del país, murió en el internado judicial de Tocuyito, en Carabobo, a 500 kilómetros de su región de residencia, según familiares.
Uno de sus 3 hijos identificó su cadáver por una fotografía y dijo haber notado su pómulo hinchado, lo vio “extremadamente delgado” y “demacrado”, comentó al Observatorio Venezolano de Prisiones, una ONG que vela por los derechos de reos en el país.
Tres días después, el Observatorio reportó el fallecimiento de otro preso político, Osgual González, de 43 años, también en Tocuyito. Tuvo síntomas de depresión y una hepatitis tratada tardíamente por las autoridades carcelarias, según sus familiares.
En noviembre, se reportó el fallecimiento de Jesús Martínez Medina, un músico y activista político de Vente Venezuela que había sido arrestado tras las elecciones. Según la oposición y sus familiares, no recibió atención médica oportuna y murió en medio de una operación para amputarles ambas piernas, ya necróticas.
Sus muertes violan no sólo normas nacionales, como la Constitución de Venezuela, sino otras declaraciones y pactos internacionales, advirtió a la Voz de América el abogado experto en derechos humanos y miembro de la ONG Provea, Calixto Ávila.
El artículo 43 de la Constitución reza que el derecho a la vida “es inviolable” y que “el Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma”.
Además, su artículo 46 afirma que “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral” y señala que “todo funcionario público que infiera maltratos o sufrimientos físicos o mentales a cualquier persona, o que instigue o tolere este tipo de tratos, será sancionado o sancionada de acuerdo con la ley”.
Reglas irrespetadas
Según Ávila, las detenciones de los 3 fallecidos fueron arbitrarias por haber ocurrido mientras ejercían sus derechos y libertades contemplados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Sus fallecimientos, de acuerdo con el abogado, constituyen una violación de las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como “las Reglas Nelson Mandela”, en honor al luchador y expresidente surafricano, encarcelado por 27 años durante su lucha por los derechos humanos, la igualdad y la democracia.
“Esos casos de muerte, desaparición o lesiones graves deben ser comunicadas a una autoridad independiente de la administración penitenciaria facultada para llevar a cabo investigaciones expeditas, imparciales y efectivas de las circunstancias de ese tipo de casos”, unas condiciones que no existen ni aplican para Venezuela, consideró Ávila.
Según denunció en septiembre la Misión Independiente de Determinación de Hechos en Venezuela, el sistema judicial “está claramente subordinado a los intereses del poder ejecutivo (de Nicolás Maduro) y sirve como un instrumento clave en su plan para reprimir todas las formas de oposición política y social”.
Investigaciones profundas e independientes
Los fallecimientos de Álvarez, González y Medina deben ser investigados “a profundidad” para determinar si hubo funcionarios estatales responsables, de acuerdo con Mariano de Alba, abogado experto en geopolítica, derecho internacional y diplomacia.
Las investigaciones deben ser un primer paso para juicios, la determinación de responsabilidades, la reparación a sus familiares y la implementación de medidas concretas para evitar que sigan falleciendo reos bajo custodia del Estado, puntualizó.
Si ello no ocurre, “entonces estaremos ante hechos que suponen la responsabilidad internacional del Estado venezolano, lo que podría traducirse en condenas tanto políticas como posiblemente jurídicas sobre los lamentables hechos”, indicó.
Carlos Lusverti, abogado y profesor investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, remarcó que la responsabilidad de las muertes recientes “es claramente del Estado venezolano”, que los tenían bajo su custodia.
“Las autoridades deben garantizar los derechos a sus familiares a la verdad, justicia y reparación, que incluyen disponer del cuerpo de acuerdo con sus ritos funerarios y realizar un investigación imparcial e independiente”, dijo a la VOA.
Ávila, de Provea, duda que haya condiciones para una justicia imparcial en su caso, de acuerdo con lo reiterado por la Misión Independiente de las Naciones Unidas.
La denunciada parcialidad del sistema judicial como parte de un “aparato represivo” es justamente lo que ha activado la competencia del fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan para investigar crímenes de lesa humanidad en Venezuela, recordó.
“Ante la falta de posibilidades a nivel interno de establecer justicia para este tipo de crímenes, se activan las instancias internacionales”, resaltó el abogado.
Reputación dañada
El gobierno venezolano ha descalificado las indagaciones de la Corte Penal Internacional por considerarlas politizadas, mientras denuncia la existencia de supuestas conspiraciones violentas de actores extranjeros en su contra.
Según el fiscal general de Venezuela y exdiputado del chavismo Tarek William Saab, el Estado ha excarcelado a más de 500 personas tras las elecciones en el marco de su “compromiso con la paz, la justicia y los derechos humanos”.
De Alba, por su parte, destaca que casos como los de Álvarez y González también aumentan la preocupación internacional sobre los derechos humanos y la situación política en el país, así como “hacen mella en la reputación del gobierno venezolano”.
“Son hechos que podrían por ejemplo ser incluidos en futuros reportes de organismos internacionales de DDHH o incluso en las gestiones de investigación sobre crímenes de lesa humanidad que adelanta la Fiscalía de la Corte Penal Internacional”, acotó.
Los acciones necesarias para que muertes como la de Álvarez, González y Martínez Medina no se repitan en las cárceles venezolanas incluyen permitir el acceso de reos a visitas, que los encarcelados puedan ser evaluados frecuentemente por personal médico y psicológico y que tengan “un trato digo”, precisó.
