El gobierno de Nigeria denunció que Estados Unidos está presionando a varios países africanos para que acepten a ciudadanos venezolanos deportados desde su territorio.
“Estados Unidos está ejerciendo una presión considerable sobre los países africanos para que acepten venezolanos que van a ser deportados desde Estados Unidos, algunos directamente desde prisión”, expresó Yusuf Tuggar, ministro de Asuntos Exteriores de Nigeria.
Sin embargo, el ministro aseguró que su país ya tiene “suficientes problemas propios”, por lo que le “sería difícil” aceptar a prisioneros venezolanos.
“Ya tenemos suficientes problemas propios. No podemos aceptar deportados venezolanos en Nigeria (…). Ya somos 230 millones de personas”, agregó, según reseñó EFE.
Desde su retorno a la Casa Blanca en enero, Donald Trump puso en marcha una agresiva política contra la migración y ordenó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que realizara al menos 3.000 arrestos al día a través de redadas a discreción en gran parte de Estados Unidos.
Mientras algunos la consideran una medida necesaria para fortalecer la seguridad nacional, otros la critican por alimentar el miedo y vincular la migración irregular con la criminalidad.
La migración de Venezuela no escapó de ella. Cientos han sido expulsados y otros enviados a cárceles como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en El Salvador.
En este lugar, a los venezolanos le raparon el cabello y la barba para su posterior reclusión en la prisión de máxima seguridad, conocida como una de las «cárceles más duras del mundo», inaugurada en 2023, en medio de la guerra contra las pandillas que inició Bukele en El Salvador, uno de los países con mayores índices de criminalidad en aquel entonces.
De acuerdo con un memorando del Ministerio de Relaciones Exteriores salvadoreño, al que tuvo acceso la agencia de noticias Associated Press, Estados Unidos pagará seis millones de dólares a El Salvador por mantener en sus cárceles a alrededor de 300 presuntos miembros de la banda el Tren de Aragua, a la que Trump declaró organización terrorista.
Trump revocó además, a través del Departamento de Seguridad Nacional, la prórroga del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a más de 800.000 migrantes de Venezuela y Haití, y este martes hizo oficial el fin del beneficio para cerca de 76.000 hondureños, nicaragüenses y nepalíes.
La finalización del programa deja a los inmigrantes expuestos a la deportación y sin permisos de trabajo.
El TPS fue creado en 1990 por el Congreso de Estados Unidos para personas que enfrentarían situaciones extremas si fuesen obligadas a regresar a sus países de origen. Este beneficio migratorio les permite permanecer y trabajar de manera temporal en Estados Unidos hasta su vencimiento por un período de 18 meses, prorrogable si el gobierno considera que las condiciones por la que la persona emigró se mantienen.
En todas las decisiones la Casa Blanca ha argumentado que las condiciones en sus países de origen ya no cumplen con los criterios para la designación del TPS.
