Dos buques de transporte y asalto anfibio, un destructor, un submarino nuclear y decenas de aviones y helicópteros armados de misiles, que constituyen hasta ahora la fuerza aeronaval desplegada por Estados Unidos en aguas del Caribe frente al litoral venezolano, son apenas un brazo de la tenaza con que Washington pretenden cercar, debilitar y hacer caer al dictador Nicolás Maduro.
Por: Mauricio Vargas – El Tiempo
El otro brazo ha sido desplegado en los tribunales de Nueva York y Florida, donde los fiscales han radicado acusaciones contra Maduro; su número dos, Diosdado Cabello, y un puñado de altos exfuncionarios chavistas. Grandes capos del cartel de Sinaloa y jefes de las antiguas Farc, como alias Iván Márquez, aparecen en la lista de señalados.
En el marco de la misma estrategia, por información que conduzca a la detención de Maduro, la Fiscalía de Estados Unidos ofrece 50 millones de dólares; por Cabello, la oferta asciende a 25 millones de dólares. Así mismo, a mediados de mes la fiscal general, Pam Bondi, anunció la incautación de 700 millones de dólares en activos de una red de sociedades vinculada a Maduro, entre ellos una mansión en Florida y otra en República Dominicana, dos jets ejecutivos, una granja de caballos y una fortuna en joyas.
La idea es estimular una rebelión interna, una traición de un grupo de oficiales que se decida a entregarlo a cambio de la recompensa
La combinación de la operación aeronaval en el Caribe, con una ofensiva judicial estadounidense no vista en décadas contra un gobernante extranjero, ha llevado a medios de comunicación y analistas a sugerir que podrían ser los pasos previos a una intervención militar como la ordenada en 1989, por el presidente George Bush padre, en Panamá, para capturar y derrocar al dictador de ese país, el general Manuel Antonio Noriega, a quien también perseguían los fiscales de Estados Unidos.
Una vez en ese país, Noriega fue acusado de ser un aliado fundamental del cartel de Medellín que lideraba Pablo Escobar. Fue condenado a 40 años de prisión, pero luego la condena fue rebajada a 30 años y más tarde a 20, por supuesta buena conducta, aunque abundaron las especulaciones sobre lo que había pesado en esas rebajas su colaboración para delatar a varios capos del narcotráfico, y a sus socios políticos.
“Se equivocan quienes creen que Washington prepara una invasión a Venezuela”, le explicó este lunes a EL TIEMPO una fuente judicial internacional en París, bien informada de los casos contra Maduro y sus aliados. “Es más bien una operación de desgaste, que incluye un intento de bloqueo aeronaval contra los envíos de cocaína desde Venezuela”.
“La idea –agregó la fuente– es estimular una rebelión interna, una traición de un grupo de oficiales que se decida a entregarlo a cambio de la recompensa”, agregó la fuente. “Si estalla un alzamiento contra Maduro –advirtió–, no hay que descartar una operación de comando, lanzada desde la fuerza aeronaval, en apoyo de los rebeldes y para capturar a Maduro”.
Pero el éxito de semejante operación depende de la solidez de las causas judiciales contra Maduro, Cabello y sus socios, en los tribunales estadounidenses. Más allá de la decisión política de procesarlos, la Fiscal Bondi y su equipo saben que deben convencer a los jueces y a los jurados de conciencia que tienen la última palabra, y que para ello hacen falta pruebas concluyentes.
Como relataba este lunes el diario ABC de Madrid, los procesos arrancaron en 2020, bajo la administración de Joe Biden, pero fueron congelados tras una negociación entre Washington y Caracas, que incluyó el canje del principal testaferro de Maduro, Álex Saab, por tres estadounidenses presos en Venezuela, así como el compromiso de Caracas de convocar las elecciones presidenciales de julio de 2024. Según las actas de votación, ganó el opositor Edmundo González Urrutia, pero el régimen proclamó vencedor a Maduro, lo que Washington consideró una traición a lo acordado.
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