El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció al Parlamento un plan contra la corrupción y se mostró decidido a seguir en el poder, pese a las duras críticas de la oposición, que volvió a exigir elecciones anticipadas, y las advertencias de sus socios parlamentarios.
Sánchez reconoció en el Congreso que pensó dimitir y convocar elecciones debido al escándalo de presunta corrupción que salpica a su partido, concretamente a los exdirigentes Santos Cerdán y José Luis Ábalos, sospechosos de repartirse comisiones ilegales por adjudicaciones irregulares de obras públicas.
Como respuesta, explicó un amplio plan elaborado con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Además de contar con sugerencias y propuestas de otros partidos que suelen apoyarlo, como el movimiento Sumar, miembro de la actual coalición de gobierno con los socialistas.
Como medidas más importantes, señaló la creación de una agencia independiente anticorrupción, la obligación de someter a auditorías externas a los partidos y la protección de los denunciantes. También la agilización de la respuesta judicial a las prácticas corruptas, la incautación de bienes robados y también un cerco para perseguir con mayor firmeza a las empresas corruptoras.
«No tiraré la toalla»
Pedro Sánchez admitió su «profunda decepción» y el «error» de confiar en el exministro de Transportes Ábalos y en su sucesor Cerdán, enviado a prisión provisional, como secretarios socialistas de Organización. Eran personas de su máxima confianza cuando desempeñaban esos cargos.
Pedro Sánchez desde la tribuna de oradores en el Congreso de los Diputados en Madrid. Foto: Zipi / EFE
«Pese a que debo respetar, lógicamente, el principio de presunción de inocencia, para mí resulta evidente que me equivoqué», dijo el gobernante español. Y tras recibir ese «duro golpe» consideró la posibilidad de renunciar y adelantar los comicios generales, previstos en 2027.
Pero lo descartó, argumentó, porque se considera un «político limpio» desconocedor de las corruptelas que lo acechaban. Dijo que está convencido de que podrá recuperar la confianza de sus socios parlamentarios y porque todavía le falta tiempo para culminar su proyecto político.
Gobierna desde mediados de 2018.
«No tiraré la toalla», afirmó en el Congreso.
Recordó también la «reestructuración profunda» acometida en su partido recientemente para prevenir y castigar la corrupción interna.
«Confiese lo que sabe», le exige la derecha
Pero el presidente del gobierno no convenció en absoluto a los conservadores ni a la extrema derecha y a duras penas consiguió un voto de confianza de los partidos de izquierda y nacionalistas e independentistas vascos y catalanes, que suelen apoyar sus políticas.
Lo condicionaron a que cumpla un plan que acabe de una vez por todas con la corrupción y avance en la agenda social comprometida.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, exigió a Pedro Sánchez que confiese «todo lo que sabe», devuelva el «botín» (de la corrupción) y adelante las elecciones.
«No hay maquillaje que tape que usted es un político destruido montando numeritos de cordero degollado. Usted está como está porque ha resultado ser un fraude y lo que le está matando ahora ya lo sabe todo el mundo», recalcó Núñez.
El presidente del PP cuestionó así las medidas anunciadas y lo instó a tomar otras reales como reforzar con más personal y recursos la unidad policial especializada que investiga la corrupción por orden de los jueces.
«Gobernar no es resistir», le dice la izquierda
La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, la izquierdista Yolanda Díaz, no se sentó en la bancada reservada al Ejecutivo en el Congreso. Optó por hacerlo del lado de los diputados de su grupo.
Aseguró que Sánchez es «honrado», aunque lo urgió a cambiar el rumbo de manera decidida. «Gobernar no es resistir», según Díaz, pues la ciudadanía progresista está «angustiada» por la corrupción.
Entre los independentistas catalanes, los republicanos de ERC advirtieron que, si la corrupción «escala», la izquierda forzará elecciones anticipadas. El límite está en que no haya financiación ilegal del PSOE.
