El régimen de Nicolás Maduro ha cancelado los pasaportes de decenas de periodistas y activistas políticos opositores desde las elecciones presidenciales de julio, según denunció The Financial Times en base a un informe de la ONG Laboratorio de Paz, con sede en Venezuela.
El documento contabilizó al menos 40 casos de disidentes que han sido víctimas de esta maniobra, luego de que el chavismo se autoproclamara ganador en los últimos comicios del 28 de julio, aunque advierte que la cifra real podría incluso ser mayor dado que hay un alto número de personas que prefieren no pronunciarse por temor a represalias contra ellos o sus familiares.
Las maniobras se dieron tanto de forma burocrática, por medio de la anulación de las libretas, como presencialmente en aeropuertos, cuando se confiscaba los documentos de las personas que se disponían a tomar vuelos fuera de Venezuela.
El ex presidente del Consejo Nacional Electoral Andrés Caleca fue uno de los alcanzados por esta medida, “sin ninguna explicación, justificación o aviso”. “Esto es una medida de amedrentamiento, de terror, de provocar eliminar toda movilización y toda protesta ciudadana, y de desmotivar a la gente”, denunció.
A él se sumó una activista de derechos humanos que también fue una víctima del Palacio de Miraflores. “Sabía que corría el riesgo de que me quitaran el pasaporte o me encarcelaran al llegar al aeropuerto, y optaron por lo primero. Fue aterrador”, recordó. En tanto, Carla, una periodista venezolana exiliada, comentó que ella se enteró de la cancelación de su documento desde el exterior. “Me pregunté ‘y ahora, ¿de dónde vengo’?”, comentó antes de señalar que no está segura de si intentará volver al país mientras siga el chavismo en el poder.
Otra activista, que prefirió permanecer completamente en el anonimato, dijo que su pasaporte fue inicialmente anulado pero, luego, revalidado, ante lo que prefirió optar por entrar al país a través de la frontera occidental con Colombia, evitando así puestos de control oficiales.
Sin embargo, todos los opositores coincidieron en que se trata de “lo menos grave” que ha ocurrido en el país en las últimas semanas, desde los fraudulentos comicios, tras lo que se dio una “escalada represiva sin parangón”. Hasta el momento, al menos unas 2.400 personas han sido arrestadas por participar de manifestaciones pacíficas en reclamo por el respeto de la soberanía popular y acusadas de incitación al odio y terrorismo, en su mayoría.
Además, varias ONG han advertido que estas personas -cientos de ellas menores de edad- son sometidas a torturas y privadas de derechos básicos, lo que ha despertado una ola de condenas por parte de la comunidad internacional y organismos, exigiendo el cese de estas acciones.
Es por ello que, ahora, el régimen está explorando otras formas de silenciar a la oposición, igualmente efectivas, pero con un menor costo. “A diferencia del asesinato o la tortura, que tienen un mayor costo político, el Gobierno ha descubierto que la anulación de pasaportes es una forma eficaz de neutralizar y acallar las voces críticas con un esfuerzo mínimo”, lamentó Rafael Uzcátegui, coordinador del Laboratorio de Paz.
En ese sentido, el Palacio de Miraflores también anunció el mes pasado nuevas disposiciones para cualquier venezolano fuera del país, que dificulta igualmente su regreso al territorio. Ahora, todos aquellos que tengan sus pasaportes vencidos deberán tramitar uno nuevo -por un valor estimado de USD 200-, al menos 72 horas antes de su viaje, en un consulado o embajada venezolana. El problema, sin embargo, es que Caracas no dispone de sedes diplomáticas o misiones en varios países, especialmente en Latinoamérica, destino de la mayoría de los migrantes, por lo que miles de personas se encuentran en un nuevo callejón sin salida.
