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Nuevo escándalo: La confesión sobre los 11 buques petroleros procedentes de Venezuela que burlaron las sanciones y descargaron en España

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Vía The Objective

Claudio Rivas, el principal socio de Víctor de Aldama, confesó a otros empresarios del sector de los hidrocarburos que se había traído a España 11 buques con petróleo que, en gran parte, procedía de Venezuela. Cuando Rivas –actualmente en prisión provisional junto al «nexo corruptor» de la trama Koldo por defraudar 180 millones de euros del IVA de hidrocarburos– transmitía a sus allegados estas operaciones, su mujer –que realizaba la labor de secretaria en sus empresas– lo confirmaba, según ha podido saber THE OBJECTIVE por fuentes presenciales.

Según las mismas fuentes, Rivas mencionó que los buques en cuestión transportaban 40.000 toneladas de crudo. Esta cifra indica que los barcos involucrados eran petroleros tipo Panamax, cuyo peso máximo de carga es de 80.000 toneladas DWT (toneladas de peso muerto, que es la capacidad máxima que un barco puede transportar). Los buques de petróleo tienen una capacidad que varía considerablemente según su tamaño. Los más pequeños, como los Panamax, pueden cargar alrededor de 50.000 toneladas, mientras que los más grandes, como los ULCC (Ultra Large Crude Carrier), tienen una capacidad de hasta 500.000 toneladas DWT. La capacidad exacta depende siempre del tipo y diseño del buque, ya que existen distintos modelos y tamaños dentro de esta categoría.

El objetivo de estos buques y su carga no era otro que el de una «trama milmillonaria» dedicada a esquivar las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea al régimen de Nicolás Maduro. Desde 2018, las sanciones internacionales han dificultado la exportación del petróleo venezolano, lo que llevó a los implicados en este entramado a buscar rutas alternativas para mover el crudo. Según empresarios familiarizados con la operación, el petróleo de Venezuela llegaba a España por la puerta de atrás, a través de República Dominicana como país de origen. Este método permitía refinar el crudo en la isla, debido a que el petróleo Merey de Venezuela contiene un alto contenido de azufre y una densidad elevada, lo que lo hace incompatible con los estándares de calidad exigidos por la Unión Europea. De esta forma, el crudo venezolano debía ser procesado en una refinería antes de poder ser comercializado en el mercado europeo.

Entramado empresarial

Inicialmente, el plan de la trama incluía la construcción de una refinería en Tenerife. Este proyecto fue discutido en una reunión celebrada en 2022 entre Víctor de AldamaClaudio RivasKoldo García y el entonces presidente canario, Ángel Víctor Torres. Según la versión de un socio de Aldama, quien ha ratificado su testimonio en una declaración jurada, ya se habían asegurado los depósitos fiscales necesarios para almacenar el crudo. Sin embargo, el proyecto de la refinería se paró porque no se concretó la construcción de la planta.

La República Dominicana no solo funcionaba como centro de refinado del petróleo, sino que también servía como «caja» de la operación, un punto estratégico en la red financiera y comercial de los implicados. A través de la creación de sociedades al portador se podía ocultar la identidad de los accionistas reales, lo que permitía esconder la verdadera propiedad de las empresas y las operaciones que se realizaban. Estas sociedades, comunes en paraísos fiscales y en cuentas bancarias sin un titular nominal, podían transferir sus acciones sin necesidad de verificar a quién pertenecían realmente. Este sistema de ocultación permitía a los responsables de la trama mover grandes sumas de dinero sin dejar rastros claros.

Aldama y Rivas habrían utilizado este esquema para gestionar una red de sociedades mercantiles que operaban en una decena de países, como Portugal, Luxemburgo, República Dominicana, Brasil, Colombia, Guinea Ecuatorial, Singapur y China. Estas sociedades facilitaban la gestión y el movimiento de fondos asociados a la venta de petróleo, permitiendo que las ganancias se distribuyeran entre varias entidades sin que se pudiera identificar de manera clara a los beneficiarios.

Un aspecto relevante de este entramado es la relación de los implicados con autoridades y empresarios de diferentes países, especialmente en aquellos lugares donde habían abierto cuentas bancarias vinculadas a estas sociedades. En el caso de Portugal, por ejemplo, se registraban movimientos de fondos importantes, lo que alertó a las autoridades españolas, que ya han solicitado comisiones rogatorias a varios de estos países. Las comisiones rogatorias son solicitudes formales que un país hace a otro para obtener pruebas o información relacionada con una investigación judicial. En este caso, las solicitudes se han centrado especialmente en Luxemburgo, un lugar donde las sociedades implicadas registraban transacciones de grandes sumas de dinero.

Según ha podido confirmar este periódico, las autoridades judiciales españolas están investigando de cerca las conexiones internacionales de esta red de sociedades a medida que emergen más detalles sobre cómo operaba la trama. THE OBJECTIVE adelantó en su momento que apenas un mes después de su destitución, José Luis Ábalos, el exministro de Transportes, viajó a República Dominicana y Guinea Ecuatorial en una visita en la que estuvo acompañado por Koldo García y el ginecólogo Ignacio Palomo. Estos viajes, en los que se discutieron temas probablemente vinculados con el transporte y procesamiento de petróleo, fueron parte del entramado que permitía a los responsables de la operación moverse con relativa libertad entre varios países.

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