Una investigación iniciada por el diputado Rupert Lowe ha desvelado nuevos testimonios sobre las redes de explotación sexual que, según los participantes, llevan años operando en distintos puntos del Reino Unido. El proceso, impulsado al margen de las instituciones y financiado mediante aportaciones ciudadanas, se prolongará durante dos semanas con el objetivo de escuchar a víctimas que consideran que los mecanismos oficiales no han abordado plenamente el problema.
El proyecto, respaldado con más de 600.000 libras reunidas entre unas 20.000 personas, busca analizar tanto el funcionamiento de estas bandas como el contexto social que, a juicio de algunos comparecientes, habría sido ignorado en investigaciones anteriores. Lowe, parlamentario independiente por Great Yarmouth, presentó la iniciativa como una vía alternativa para arrojar luz sobre lo que describió como uno de los mayores escándalos del país.
Entre los testimonios más duros se encuentra el de Fiona Goddard, superviviente de una red de abusos, quien relató ante el panel que los grupos que la explotaron estaban integrados principalmente por hombres de origen pakistaní de segunda generación y por inmigrantes sin documentación. La compareciente aseguró además que, en ciertos casos, las agresiones se vinculaban simbólicamente con celebraciones religiosas como la Fiesta del Cordero, una afirmación que ha generado polémica y debate público.
Durante las sesiones también se expusieron datos estremecedores sobre la magnitud del fenómeno. Según lo explicado en la audiencia, algunas víctimas habrían sufrido abusos reiterados por centenares de agresores, una cifra que los participantes calificaron de alarmante y que ha vuelto a poner el foco en la respuesta de las autoridades.
Las declaraciones de Marilyn Hawes, directora ejecutiva de Freedom from Abuse, elevaron el tono político de la discusión. En entrevistas televisivas criticó con dureza al gobierno encabezado por Keir Starmer y acusó a figuras destacadas del Partido Laborista de evitar abordar determinados aspectos de la crisis. Hawes afirmó que lleva años denunciando la situación y que, pese a las críticas recibidas, considera necesario hablar abiertamente del perfil de algunos implicados.
Según explicó, el problema seguiría vigente hoy en día y sería «endémico», citando supuestos episodios recientes en diferentes localidades británicas. Describió casos de jóvenes trasladadas de un lugar a otro y agredidas en entornos precarios como vehículos, hoteles o zonas apartadas, insistiendo en que la magnitud del fenómeno se extiende por todo el país.
Desde el Ministerio del Interior, sin embargo, un portavoz subrayó que el abuso infantil en redes organizadas constituye uno de los delitos más graves posibles y aseguró que las autoridades trabajarán para impedir que hechos similares vuelvan a repetirse. Mientras continúan las audiencias, el debate público se centra ahora en el alcance real de las conclusiones y en el impacto político que puedan tener las revelaciones surgidas de esta investigación independiente.
