Los obispos católicos estadounidenses votaron el miércoles a favor de oficializar la prohibición de la atención médica de afirmación de género para pacientes transgénero en hospitales católicos, un paso que convierte en norma lo que durante años venía aplicándose de forma desigual en la red sanitaria vinculada a la Iglesia en Estados Unidos.
El anuncio llega en un contexto de profunda división interna. Algunas comunidades católicas han intentado integrar pastoralmente a fieles trans, mientras que otras mantienen posiciones muy restrictivas. Incluso dentro de esa diversidad, la jerarquía episcopal ha optado por un cierre doctrinal: las nuevas directrices asumen el contenido de documentos publicados por el Vaticano en 2024 y por los propios obispos en 2023, donde ya se establecía que los servicios sanitarios católicos no debían realizar intervenciones hormonales o quirúrgicas destinadas a modificar las características sexuales.
La votación tuvo lugar en Baltimore, en el salón de un hotel donde la Conferencia Episcopal celebraba su asamblea anual. Allí, los prelados respaldaron casi por unanimidad la actualización de las «Directrices Éticas y Religiosas» que rigen a miles de hospitales, clínicas y proveedores católicos. En manos de cada obispo quedará ahora convertir esas indicaciones en ley particular para sus diócesis.
La medida entra en colisión directa con la postura mayoritaria del mundo médico. Numerosas asociaciones sanitarias consideran que la atención afirmativa de género —que incluye acompañamiento psicológico, terapias hormonales y, en algunos casos, cirugía— es un componente esencial para el bienestar de las personas trans. De hecho, la Asociación Católica de Salud recordó que más de un séptimo de los pacientes del país acude diariamente a centros católicos, que en muchas zonas rurales son la única opción disponible.
Pese a su adhesión a la doctrina oficial, la Asociación agradeció que parte de sus recomendaciones se incorporaran al texto final. Subrayó que los hospitales católicos seguirán recibiendo a personas trans y que el trato será respetuoso, conforme a la ética social de la Iglesia, aunque sin ofrecer intervenciones que contradigan los principios morales establecidos.
En la asamblea, uno de los apoyos más explícitos provino del obispo Robert Barron, de la diócesis de Winona-Rochester, quien insistió en la necesidad de una declaración «clara y firme» frente a la llamada ideología de género. Su intervención reforzó la idea de que el episcopado quiere fijar una línea común después de años de ambigüedad.
En suma, las directrices aprobadas formalizan una prohibición que impactará a millones de pacientes y que coloca al sistema sanitario católico en una posición doctrinal dentro del debate nacional sobre los derechos de las personas trans en Estados Unidos.
