El abogado defensor constató este miércoles ante el Palacio de Justicia de Caracas que no existe orden ni decisión emitida por los tribunales para prohibir el acceso de visitas o restringir la entrada a la residencia del constitucionalista Perkins Rocha, coordinador jurídico de Vente Venezuela.
La verificación se efectuó luego de que funcionarios de la Dirección Penitenciaria de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) apostados a las afueras del inmueble impidieron el paso a ciudadanos que se disponían a entrar a la vivienda, alegando presunta disposición judicial que el propio tribunal desmintió.
María Costanza Cipriani, esposa de Rocha, denunció a través de un video que los policías bloquearon arbitrariamente el acceso a su propiedad.
Tras el incidente, el abogado Mora Tosta acudió a la sede judicial y se entrevistó con el juez José Antonio García Morán, titular del Tribunal Primero de Juicio con competencia en Terrorismo, quien le ratificó que no existe mandato en el expediente que justifique el cerco de la vivienda ni limite los derechos de la familia.
«Lo desconozco, pero quien la haya dado, es una orden absolutamente ilegal, arbitraria y que no se puede aceptar porque esto violenta los demás derechos que tiene Perkins Rocha y su familia, en su casa, su habitación, que es propiedad privada, de recibir a quienes ellos consideren oportuno. Estamos aclarando ante la opinión pública nacional e internacional que no existe ninguna orden en este sentido por parte del Poder Judicial», declaró Mora Tosta.
Vulneración a la propiedad privada y antecedentes de la detención
El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela y el Comando Con Venezuela respaldaron la denuncia formulada por la defensa. Señalaron que la actuación policial incurre en flagrante violación de las garantías constitucionales, el derecho a la propiedad privada y la libertad del procesado de recibir en su residencia a quien él y su familia determinen.
Rocha, de 63 años de edad, es abogado constitucionalista, exmagistrado de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, profesor de la UCAB y ejerció como representante legal del Comando Con Venezuela ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) durante los comicios de julio de 2024.
El jurista fue detenido el 27 de agosto de ese año en Las Mercedes y permaneció encarcelado más de 500 días en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide. Después recibió medida sustitutiva de arresto domiciliario.
Exigencia de garantías constitucionales
La representación legal y Vente Venezuela reiteraron la exigencia de un cese inmediato de las restricciones fácticas impuestas por los cuerpos de seguridad en el entorno del jurista.
La defensa dejó constancia en las actas del proceso a fin de garantizar el estricto cumplimiento de los derechos civiles vigentes y asegurar que no se implementen limitaciones operativas al margen de las disposiciones dictadas por el titular del Juzgado Primero de Juicio.
