Las organizaciones no gubernamentales (ONG) venezolanas están en alerta debido a recientes declaraciones de Diosdado Cabello, ministro del Interior, Justicia y Paz de Venezuela, quien las acusó de estar involucradas en supuestas tramas terroristas para desestabilizar el país. En una conferencia de prensa el 28 de mayo de 2025, Cabello señaló específicamente a ONG como Provea, Foro Penal, Maracaibo Posible y Médicos Unidos de Venezuela, afirmando que forman parte de una estructura de la «extrema derecha» que financia actos violentos, basándose en supuestas evidencias encontradas en el teléfono del opositor detenido Juan Pablo Guanipa.
Estas acusaciones han generado una fuerte reacción. Provea rechazó los señalamientos, calificándolos como un intento de criminalizar su labor de 36 años en defensa de los derechos humanos, y afirmó que no se desviará de su misión pese a las amenazas. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Wola expresaron preocupación, denunciando un recrudecimiento de la persecución contra la sociedad civil venezolana y exigiendo la liberación de defensores de derechos humanos detenidos arbitrariamente, como Eduardo Torres y otros.
Este no es el primer episodio de hostigamiento. Cabello ha amenazado a ONG previamente, como en 2020, cuando acusó a grupos como Provea de desestabilización, y propuso leyes para controlar su financiamiento, alegando que reciben fondos extranjeros para conspirar. La Misión de la ONU para la Determinación de los Hechos en Venezuela también ha señalado a Cabello como una figura clave en el aparato represor del Estado, destacando que sus declaraciones públicas suelen preceder procesos penales arbitrarios contra opositores y activistas.
Las ONG temen que estas acusaciones escalen la represión, en un contexto donde el régimen de Nicolás Maduro enfrenta cuestionamientos por el fraude electoral de julio de 2024 y ha intensificado la persecución de opositores y defensores de derechos humanos. La comunidad internacional ha sido instada a proteger a estas organizaciones y frenar las violaciones de derechos en Venezuela.
