La designación de los nuevos Fiscal General y Defensor del Pueblo en Venezuela enfrenta críticas por falta de transparencia y pluralidad, según alerta la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) para América Latina.
El proceso para elegir a los titulares del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo avanza en la Asamblea Nacional (AN) controlada por el oficialismo, pero genera preocupaciones sobre su legalidad y legitimidad institucional.
El 25 de febrero de 2026, Tarek William Saab presentó su renuncia como Fiscal General —cargo que ocupaba desde 2017— y fue designado de forma interina como Defensor del Pueblo. Simultáneamente, la AN aceptó la dimisión de Alfredo Ruiz Angulo (o Sammy Ramón Izquierdo en algunas referencias) de la Defensoría por motivos personales, familiares y de salud. En su lugar, nombró como Fiscal General encargado a Larry Devoe Márquez, abogado con formación en derechos humanos y cercano a figuras del gobierno como Delcy Rodríguez.
La AN abrió un período de postulaciones entre finales de febrero y mediados de marzo de 2026 (con posible extensión reportada en algunos medios). Según el Comité de Evaluación de Postulaciones del Poder Ciudadano —presidido por el diputado Giuseppe Alessandrello—, se recibieron 135 postulaciones en total: aproximadamente 73 para Fiscal General y 62 para Defensor del Pueblo. Entre los nombres destacados para la Fiscalía figuran el propio Larry Devoe (quien aspira a ratificarse), la jurista Magaly Vásquez González y el magistrado Ángel Zerpa. Para la Defensoría se mencionan figuras como Ernesto Villegas y otros académicos o exfuncionarios.
Sin embargo, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) —organización con estatus consultivo ante la ONU— publicó un hilo en X el 19 de marzo alertando sobre serias deficiencias en el procedimiento:
- No se ha publicado un reglamento claro del proceso.
- No existe un cronograma público y detallado.
- No se conocen los criterios de evaluación objetivos.
Además, la CIJ señala que el Comité de Postulaciones está integrado exclusivamente por legisladores de la AN, lo que contraviene el espíritu de pluralidad establecido en la Constitución de 1999, que exige la incorporación de representantes de la sociedad civil, universidades y otros sectores para garantizar independencia y diversidad en la selección de estos cargos del Poder Ciudadano.
“Cuando no hay reglas claras ni criterios públicos, se debilita la transparencia del proceso y su legitimidad institucional”, advierte la organización en su publicación. Estos elementos, según estándares internacionales de la ONU y la propia jurisprudencia venezolana previa, son esenciales para que las designaciones se basen en mérito, idoneidad e imparcialidad, en lugar de afinidades políticas.
El proceso se encuentra actualmente en fase de evaluación de expedientes, entrevistas y consultas a instituciones del Estado. El Comité debe presentar una terna o lista de elegibles a la plenaria de la AN para la designación final por mayoría calificada.
Organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición han calificado el mecanismo como “opaco” y “controlado”, especialmente considerando el historial de Tarek William Saab —vinculado por múltiples informes internacionales a la persecución de disidentes— y la designación interina de figuras alineadas al Ejecutivo.
