Jhoandri Joel Silva, un joven detenido en Venezuela tras las protestas postelectorales del 28 de julio de 2024, habría intentado quitarse la vida en la cárcel de Tocuyito debido a las condiciones de tortura psicológica, aislamiento y desnutrición, según denuncias del Comité de Madres en Defensa de la Verdad. Silva fue arrestado mientras compraba un medicamento para su hija, en un caso que los familiares y activistas califican de injusto y sin debido proceso.
El Comité, formado por madres y familiares de los detenidos, señala que Silva, al igual que otros presos, enfrenta condiciones inhumanas, incluyendo falta de atención médica y restricciones al acceso de abogados privados. La organización exige su liberación inmediata, denunciando que el Estado venezolano es responsable de la crisis de salud mental y física de los prisioneros. La madre de Silva expresó su angustia, destacando que su hijo no es un criminal, sino una víctima de la represión estatal.
El caso de Silva se suma al de Lindomar Bustamante, otro detenido que murió en custodia, presuntamente por ahorcamiento, tras nueve meses sin audiencia. Las madres han intensificado sus protestas, entregando un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia el 3 de octubre de 2024, como parte de la campaña Basta de Represión – Libertad para los Presos por Protestar. Este movimiento busca visibilizar las violaciones a los derechos constitucionales y la falta de garantías judiciales para los detenidos tras las elecciones.
La situación refleja una escalada en la represión gubernamental, según el Comité, que acusa al régimen de Nicolás Maduro de criminalizar la protesta y negligencia deliberada hacia los presos políticos. Los familiares piden intervención urgente para proteger la vida de Silva y otros en condiciones similares.
