La extrema izquierda dentro de la coalición oficialista propone una nueva cadena de distribución llamada “Precios Justos”, emulando el fallido sistema aplicado en la economía chavista. La propuesta de Podemos promete pocos resultados y muchos problemas.
A través de la Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, la fanática socialista Ione Belarra, el partido Podemos de la coalición oficialista de Gobierno propone crear una cadena estatal de supermercados bautizada como “Precios Justos”, una iniciativa que involucra al Estado en la iniciativa empresarial y que requiere de grandes costos de inversión que serían trasladados sobre la espalda de la sociedad.
La Ministra apuntó directamente contra la cadena de supermercados Mercadona, responsable del 25,8% de la cuota de mercado en distribución por su eficiente modelo de negocios. Asimismo, culpó a los supermercados por “enriquecerse” tras el shock de precios relativos por la guerra de Ucrania, pero fue precisamente la respuesta de la oferta de productos frente al shock lo que permitió sostener la demanda al público.
“Lo que necesitamos es una cadena pública de supermercados, que se llame ‘Precios Justos’, que baje los precios de los alimentos, que permita mirar de frente al oligopolio alimentario”, declaró la ministra Belarra.
El abaratamiento artificial de precios minoristas a través de una cadena de supermercados estatales no es una maniobra fortuita, ya que las pérdidas de imponer precios por debajo al promedio de mercado involucra un costo fiscal importante para el Estado, y en última instancia es la propia sociedad la que deberá responder por dichos costos.
Se genera, además, una suerte de competencia desleal con respecto a otras empresas que ya operan desde el sector privado y en eficiencia, induciendo posibles efectos negativos en materia de contratación, inversión y crecimiento para este sector tan importante dentro de los servicios.
La iniciativa de Podemos es calcada de lo que se hizo en el régimen chavista. Con los mismos argumentos y persiguiendo los mismos fines, el Gobierno de Chávez dispuso de la expropiación de las cadenas CADA y Éxito a principios de 2010, para dar paso a una nueva cadena estatal llamada “Abasto Bicentenario”.
El ente estatal sufrió un profundo proceso de deterioro con el pasar de los años, hasta que finalmente debió cerrar sus puertas en 2019 frente a importantes problemas de abastecimiento (los precios políticos fijados por el régimen ya no pudieron sostenerse). Asimismo, la red estatal de abastecimiento venezolana se vio involucrada en numerosos casos de corrupción, irregularidades de funcionamiento y conflictos laborales.
El Gobierno de Pedro Sánchez se muestra cada vez más cercano a las propuestas del chavismo, entre otras iniciativas también imitadas de aquel régimen como el programa de controles de precios, la ley para la regulación de las viviendas y la creación de impuestos extraordinarios sobre el patrimonio.
