El Tribunal Supremo ya piensa en imputar a todo el PSOE ante la complejidad del ‘caso Koldo‘ y la posibilidad de haber financiado la organización de forma irregular durante varios años. Según ha adelantado en un programa especial Libertad Digital, la investigación en curso, impulsada por los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, estaría cerca de derivar en una causa general por financiación ilegal del partido que lidera Pedro Sánchez.
El epicentro de esta posible macroimputación se encuentra en las conexiones entre altos cargos socialistas y adjudicaciones de contratos públicos a empresas vinculadas con la trama de corrupción desatada durante la pandemia. En el centro de la investigación están los exsecretarios de organización del partido: José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Ambos, según distintas evidencias, habrían dirigido la concesión de obras públicas en función de intereses partidistas.
La UCO señala en sus informes que desde la gerencia del PSOE se habría solicitado directamente a responsables de adjudicaciones públicas «aportaciones económicas» tras la concesión de contratos, lo que constituiría, de confirmarse, una estructura de financiación paralela y presuntamente ilegal. Uno de los ejemplos más llamativos sería la implicación de Ana María Fuentes, gerente del PSOE, quien aparece mencionada como la encargada de exigir esos pagos —identificados en los informes como “el impuesto”— a los adjudicatarios.
A esta situación se suman los contactos y mensajes privados entre el expresidente de la Audiencia Nacional, el magistrado José Ramón Navarro, y altos cargos socialistas como José Luis Ábalos. Navarro habría filtrado información judicial confidencial sobre sentencias clave, como la absolución del mayor Trapero, incluso antes de su publicación oficial. El propio magistrado ha reconocido la autenticidad de los mensajes publicados por El Mundo.
Los investigadores creen que esta trama no sólo buscaba el enriquecimiento de ciertos cargos, sino que también tenía como objetivo sostener y ampliar el poder político del PSOE. De hecho, según revelaciones recogidas por periodistas de investigación, las obras públicas se habrían planificado y distribuido territorialmente en función de los réditos electorales que pudieran aportar en distintas comunidades autónomas.
Las ramificaciones del caso Koldo no se limitan a las mascarillas. Apuntan también a contratos con la Agencia Tributaria Canaria, adjudicaciones desde el Ministerio de Transportes y una relación estrecha entre miembros del partido y empresas señaladas por la UCO. Las grabaciones y documentos obtenidos ya mencionan de forma directa posibles «donaciones para el partido» como parte de las negociaciones entre políticos y empresarios.
La sospecha de que parte del dinero público habría acabado en una caja B del partido es una de las líneas más sensibles de esta investigación. En palabras de los analistas jurídicos, “todo lo conocido hasta ahora es solo la antesala” de un procedimiento que podría acabar afectando a la dirección del PSOE como persona jurídica. Además, las declaraciones ante el Supremo de empresarios vinculados a la trama podrían acelerar una decisión al respecto en las próximas semanas.
El contexto político complica aún más el escenario: varios miembros de la nueva cúpula del PSOE, como Rebeca Torró —designada recientemente—, han estado relacionados con adjudicaciones a empresas hoy bajo sospecha. Esto alimenta la teoría de que Pedro Sánchez estaría reforzando su núcleo con personas que podrían estar comprometidas o señaladas en las investigaciones, como forma de blindarse políticamente ante una posible caída judicial de gran envergadura.
