Abogado de larguísimo recorrido, especializado en derecho público, administrativo y constitucional, Pekins Rocha fue detenido el 27 de agosto de 2024. Hace un año y un día. Fue un hombre importante en el Comando con Venezuela durante la campaña electoral para las elecciones del 28 de julio de 2024. Pero su pecado más grave, para la fiscalía (no se merece las mayúsculas) es que contribuyó a difundir las actas electorales, registros emitidos por las máquinas de votación instaladas por el Consejo Nacional Electoral, que probaron el triunfo de Edmundo González Urrutia. Es decir, la derrota, aplastante de Nicolás Maduro.
Dar visibilidad a la verdad electoral y política significa para el régimen en el poder cometer los delitos de terrorismo, traición a la patria, conspiración, asociación para delinquir e instigación al odio, de lo que ha sido acusado el abogado Rocha. El CNE dijo que ganó Maduro y punto.
A Rocha, como a otros ochocientos y tantos de venezolanos presos en las mazmorras del régimen, le tocó, y le toca, enfrentar el calvario de la injusticia. Un sistema diseñado para hacer sufrir a los detenidos y provocar su rendición. Durante un año y un día, el abogado ha estado aislado en el Helicoide, sin poder nombrar a su defensa privada -el régimen nombra a una persona que dice hacer las veces de defensor público-, sin poder tampoco comunicarse con sus familiares o recibir la atención médica que requiere con urgencia. Eso no es instigación al odio: eso es maldad pura y simple y permanente.
En paralelo, Maduro y su fiscal hacen excarcelaciones a cuentagotas. Unas, porque hay que acompañar el «rescate» de venezolanos deportados de Estados Unidos y El Salvador con algunas concesiones para hacer creer que al régimen le importa la vida de los emigrados; otras, porque hay que ofrecer un mínimo gesto cuando aprieta el cerco en las aguas del Caribe. Todos los venezolanos presos por razones políticas deben estar fuera de las cárceles porque así lo obliga la Constitución, porque así lo demandan la sociedad democrática y las familias de los ochocientos y pico de hombres y mujeres, militares y civiles, injusta y cínicamente detenidos.
Las excarcelaciones son jugadas políticas, que no implican el reconocimiento de los abusos cometidos ni significan una rectificación de la deleznable conducta oficial. Se celebra que unos cuantos venezolanos dejen las celdas, que vuelvan a reunirse con sus familias, pero la represión a la que está sometida el pueblo venezolano sigue intacta. Es la razón de ser de un régimen despiadado, ilegítimo, aborrecido por la amplísima mayoría, que solo sembrando miedo puede contener la decisión ciudadana de que abandonen el poder.
Si todos somos venezolanos, como acaban de descubrir cuando dicen sentirse amenazados, ¿por qué no liberarlos a todos? La respuesta es también pura y simple y permanente: la mentira es su triste y eterna verdad.
