Estados Unidos permitió que el Estado venezolano costeara la defensa de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Según un análisis del abogado John R. De La Vega, esta es una estrategia de las autoridades estadounidenses para blindar el caso penal contra nulidades procesales.
De La Vega mencionó que la estrategia de la Fiscalía para permitir el pago de los abogados de Maduro y Flores responde «a una necesidad procesal». Precisó que dicha necesidad sería «blindar el caso frente a posibles nulidades».
De esta forma indicó que el gobierno estaría priorizando asegurar una condena jurídicamente sólida. También buscaría evitar que limitaciones a la defensa efectiva deriven en un mistral o futuras apelaciones exitosas.
«En este tipo de procesos penales federales, cualquier limitación al derecho a una defensa adecuada puede abrir la puerta a un mistrial o a futuras apelaciones basadas en la violación del derecho constitucional a contar con representación legal efectiva», explicó el abogado.
Asimismo, agregó que la defensa «argumentó que las sanciones impedían ese derecho, lo que podía comprometer la validez del proceso».
Por este motivo, consideró que «el gobierno prefiere ceder en este punto antes que arriesgarse a que el caso se caiga por un defecto procesal». De esta forma se busca «asegurar una condena que sea jurídicamente sólida y difícil de impugnar en apelación».
