Los funcionarios del gobierno de Donald Trump que pretenden destituir a Nicolás Maduro como líder de Venezuela han estado citando como una de sus justificaciones la acusación federal presentada hace media década en Manhattan.
Por: Benjamin Weiser – The New York Times
La imputación, formulada por un gran jurado en marzo de 2020, durante el primer mandato del presidente Trump, acusa a Maduro de una conspiración de narcoterrorismo y tráfico internacional de cocaína de varias décadas de duración, y lo acusa de dirigir un violento cártel de la droga mientras ascendía hasta gobernar la nación sudamericana. Estados Unidos ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.
Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela, pero la decisión de imputar a un supuesto jefe de Estado es inusual y representa una escalada de los esfuerzos del gobierno de Trump por presionar a Maduro para que abandone el cargo.
Ahora, con los cargos aún pendientes, el secretario de Estado y asesor de seguridad nacional Marco Rubio ha mencionado en repetidas ocasiones la acusación de 2020 y ha calificado a Maduro como un “fugitivo de la justicia estadounidense”, con lo que recalca los esfuerzos de Estados Unidos por derrocar a Maduro y apresarlo como haría con cualquier delincuente que huye de la ley.
Venezuela, antaño un rico petro-Estado, se ha sumido en el caos desde que el socialista Hugo Chávez llegó a la presidencia en 1998; Maduro se convirtió en su sucesor en 2013. Para el gobierno de Trump, el país es de gran interés. Su liderazgo socialista representa un atractivo objetivo ideológico y la nación posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, aunque su industria nacionalizada está en decadencia.
Recientemente, el ejército estadounidense desplegó ataques letales contra barcos civiles en el mar Caribe que, según el gobierno de Trump, traficaban drogas para las bandas venezolanas, y las fuerzas armadas también han estado planeando operaciones contra presuntos traficantes dentro de la propia Venezuela, según informó esta semana The New York Times.
Como el gobierno de Trump sostiene que Maduro dirige un cártel, su destitución podría considerarse parte de una operación antinarcóticos, según la información publicada por el Times. Rubio también describió recientemente a Maduro como el líder de “una organización terrorista y del crimen organizado que se ha apoderado de un país”.
Esto es lo que hay que saber sobre la acusación:
Se acusa a Maduro de ser un capo de la droga
La imputación, de 28 páginas, dice que Maduro, quien fue conductor de autobús y dirigente sindical de transporte, llegó a dirigir el Cártel de los Soles, una organización de narcotráfico.
Los expertos afirman que el Cártel de los Soles no es un grupo delictivo en el sentido convencional, sino la forma corta para referirse a un sistema de patrocinio en el que las élites militares y políticas se benefician del contrabando de drogas y otros negocios ilícitos. Su nombre hace referencia a la insignia en forma de sol de los uniformes de los militares venezolanos de alto rango, según señala el acta de acusación.
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Según la imputación, bajo el liderazgo de Maduro y otros funcionarios, el cártel pretendía inundar Estados Unidos de cocaína e “infligir los efectos nocivos y adictivos de la droga a los consumidores de este país”.
El cártel “dio prioridad al uso de la cocaína como arma contra Estados Unidos”, afirma el acta de acusación.
Los cargos parecen diseñados para destituir a Maduro
En el momento en que se anunciaron los cargos, William P. Barr, quien en ese entonces era el fiscal general de Estados Unidos, dijo que el Departamento de Justicia pretendía erradicar la corrupción que asolaba al gobierno de Maduro, “un sistema construido y controlado para enriquecer a las personas de más alto nivel”, según sus propias palabras.
Maduro denunció las acusaciones, acusó a Estados Unidos en las redes sociales de dar “la orden de llenar de violencia a Venezuela” y afirmó que no sería derrotado.
Además de los cargos de conspiración de narcoterrorismo e importación de cocaína, la imputación acusa a Maduro y a sus coacusados de posesión de ametralladoras y conspiración para poseerlas. Tan solo el cargo de narcoterrorismo conlleva una pena de prisión de al menos 20 años que puede alcanzar la cadena perpetua.
Las acusaciones, además de imputar a Maduro, nombraban a más de una decena de funcionarios y exfuncionarios del gobierno y de los servicios de inteligencia venezolanos, así como a miembros del que fuera el mayor grupo rebelde de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, conocidas como FARC.
Las FARC, que Estados Unidos designó como organización terrorista extranjera, fueron uno de los mayores productores de cocaína del mundo, según la acusación contra Maduro.
Las acusaciones trascienden fronteras
Según el acta de acusación, Maduro negoció envíos de varias toneladas de cocaína producida por las FARC, ordenó que su cártel proporcionara armas de uso militar a las FARC y “coordinó asuntos exteriores con Honduras y otros países para facilitar el tráfico de drogas a gran escala”.
Según el acta de acusación, mientras las FARC mantenían supuestas negociaciones de paz con el gobierno colombiano en el año 1999, el grupo acordó con dirigentes del Cártel de los Soles trasladar algunas operaciones a Venezuela.
Las FARC y el cártel enviaban cocaína procesada desde Venezuela a Estados Unidos, a través de puntos de trasbordo en el Caribe y Centroamérica, según la imputación. En 2004, el Departamento de Estado estadounidense calculaba que por Venezuela transitaban anualmente 250 o más toneladas de cocaína, enviadas al norte desde la costa venezolana en lanchas rápidas, barcos pesqueros y portacontenedores. Otros envíos se realizaban desde pistas de aterrizaje clandestinas, según el acta de acusación.
Otros países envían mucha más cocaína. En 2018, 1400 toneladas pasaron por Guatemala, según datos estadounidenses. Venezuela tiene poco cultivo interno de cocaína.
