Vivimos en una época de flagrantes contradicciones, donde el relato importa más que la realidad y la identidad de quien comete el acto pesa más que el acto en sí. El caso de Rubiales en España es prueba de ello.
Por: Javier Villamor – The European Conservative
Luis Rubiales fue presidente de la Real Federación Española de Fútbol y vicepresidente de la UEFA. Tras la conquista del Mundial femenino de fútbol de España en 2023, durante la celebración del triunfo, en un momento de emoción, besó en los labios a Jenni Hermoso, una de las mejores jugadoras del torneo y figura influyente en el equipo.
Un beso no consentido, criticable y reprobable, pero lejos de cualquier agresión sexual grave, se ha convertido en un escándalo de proporciones históricas. Un linchamiento mediático y judicial desproporcionado podría acabar con un hombre condenado a más de dos años de cárcel. En Inglaterra, durante décadas, se encubrió el horror de las redes de explotación sexual en ciudades como Rotherham, Rochdale o Telford, donde miles de niñas fueron violadas y abusadas por bandas de origen paquistaní. Los medios de comunicación y las autoridades miraron para otro lado por miedo a ser tachados de racistas. En Alemania, Francia y Suecia, cientos de mujeres han sido víctimas de agresiones sexuales durante eventos como la Nochevieja de 2015 en Colonia y en otros ataques sistemáticos, pero estos incidentes no reciben la misma cobertura mediática indignada que un beso en una celebración deportiva. ¿Por qué?
Este doble rasero es una de las aberraciones más significativas de nuestro tiempo. La justicia selectiva y la indignación han creado un sistema en el que el crimen no importa tanto como la identidad del autor. Si el agresor es un hombre europeo blanco de cierto estatus, la maquinaria de cancelación y condena pública se desata sin freno. Si, por el contrario, el agresor pertenece a un grupo considerado vulnerable según el dogma progresista, las acusaciones se minimizan, las víctimas quedan desprotegidas y la indignación se desvanece.
Estamos presenciando la destrucción de valores y de cohesión social basada en la hipocresía y la conveniencia política. En esta distopía, la verdad está oculta, la justicia es selectiva y la igualdad ante la ley se ha convertido en una ilusión. El mensaje es claro: no importa el crimen, importa quién lo comete.
A lo largo de la historia, la justicia ha sido un pilar fundamental de la estabilidad social. Sin embargo, hoy en día, el sistema jurídico y los medios de comunicación parecen más preocupados por cumplir con los dictados ideológicos que por garantizar la igualdad ante la ley. La criminalización de sectores específicos de la población mientras se absuelve a otros bajo la premisa de la “opresión histórica” solo genera divisiones y resentimiento.
Pero no nos engañemos: no es casualidad. Saben que el resentimiento es un arma poderosa que, bien alimentada y dirigida por la propaganda mediática habitual, puede dar victorias electorales a políticos afines. La izquierda de hoy se nutre del resentimiento, lo necesita para mantenerse en el poder. En España también se vivió un caso similar con uno de los líderes de la izquierda radical: Íñigo Errejón. El exlíder de Podemos, más tarde una de las figuras clave del partido Sumar liderado por la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, fue acusado de abusos sexuales por una mujer con la que supuestamente intentó acostarse. Tras la acusación, se supo que Errejón es adicto al sexo y a las drogas y, al mismo tiempo, un feminista acérrimo –o eso decía él–. La izquierda entera encubrió rápidamente el caso, que, aunque se discutió y se comentó, no afectó a su esfera política. ¿Por qué?
Bueno, Errejón no encaja en la imagen que se quiere imponer a los hombres blancos, heterosexuales y de cierto estatus. Pero Rubiales sí. Es blanco, heterosexual, un hombre con cierto poder e influencia. En cierto modo, derribar ciertas torres envía un mensaje poderoso: si han caído, cualquiera puede caer. Es una manera perfecta de inculcar la autocensura y el miedo a los demás.
Estas narrativas afectan la justicia, la seguridad y la confianza en las instituciones. Cuando se protege a perpetradores específicos por razones ideológicas, se deslegitima todo el sistema. Las víctimas de estos crímenes son doblemente silenciadas: primero por sus agresores y luego por una sociedad que se niega a reconocer el problema.
La verdadera igualdad comienza con que todos sean juzgados con los mismos criterios, independientemente de su raza, género o condición social. Hasta que esto ocurra, seguiremos viviendo en una realidad distorsionada en la que la justicia no es más que una farsa al servicio de una ideología política que prioriza su agenda sobre la verdad y la equidad.


