A un año de las protestas poselectorales que estallaron en Venezuela luego de las presidenciales del 28 de julio de 2024, la organización no gubernamental Provea denunció que esos hechos «marcaron un ascenso vertiginoso de graves abusos contra los derechos humanos y la intensificación de una oleada represiva que aún se mantiene mediante prácticas de terrorismo de Estado«.
A través de un comunicado publicado en redes sociales, la ONG advirtió que tras las protestas poselectorales el gobierno de Nicolás Maduro ha incrementado las prácticas de terrorismo de Estado como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y empleo de tecnologías para el control social de la población.
En los hechos de hace un año 25 personas fueron asesinadas en apenas cuatro días de manifestaciones, otras 100 resultaron heridas y 2.400 detenidas entre el 29 de julio y el 13 de agosto.
La organización de derechos humanos alertó sobre el uso excesivo de la fuerza por los cuerpos de seguridad y de agrupaciones armadas progubernamentales, conocidas como colectivos, en lo que calificó de “ascenso vertiginoso de graves abusos y terrorismo de Estado”.
Zonas populares: epicentro de las protestas poselectorales y de la violencia estatal
En un informe especial publicado en agosto del año pasado, Provea destacó que la mayoría de las manifestaciones ocurrieron en sectores populares y barrios de Caracas y otras ciudades del país, donde históricamente había predominado el apoyo al chavismo. “Los antiguos bastiones del PSUV se convirtieron en el epicentro de las protestas y de la represión”, señaló el comunicado.
Todas las personas asesinadas eran hombres, de entre 15 y 56 años de edad, y la mayoría obreros, estudiantes y trabajadores informales. 70,8% de las víctimas fallecieron por impactos de bala en zonas letales como el pecho, el cuello o el cráneo, lo que según Provea evidencia “la intencionalidad y la letalidad” de la violencia estatal.
La represión más intensa de los últimos ciclos de protestas
Provea comparó la intensidad de la represión de 2024 con ciclos anteriores. Mientras que en las protestas de 2014 se reportaron 28,8 detenciones diarias y en 2019 cercas de 16, durante la conflictividad poselectoral de 2024 el promedio alcanzó las 150 detenciones diarias, el doble que en los momentos más oscuros del golpe de Estado en Chile en 1973, cuando se documentaron cerca de 75 detenciones-desapariciones por día.
En cuanto al uso de armas de fuego, Provea subrayó que 40,8% de los heridos de 2024 recibió impactos de bala, en contraste con 27,5% en 2019 y 12,6% en 2014.
Alertan sobre uso de redes sociales para el control y la persecución
La organización también denunció el uso creciente de mecanismos de vigilancia digital para identificar y estigmatizar a quienes protestan o disienten en redes sociales. “El gobierno ha construido una estructura de delación amparada en un Estado policial-militar que emplea las tecnologías digitales como herramienta de persecución”, alertó Provea.
Según la ONG, estas prácticas, junto con las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y otras violaciones de derechos humanos, configuran una política sistemática de represión y control social que permanece activa a un año de los hechos.
