Por Omar Lugo en The Objective
Emirlendris Benítez pasó ocho años en una de las oscuras prisiones del chavismo, donde fue torturada hasta hacerla perder su segundo embarazo con cuatro meses de gestación, y quedar en silla de ruedas. Ella es una de los 131 prisioneros políticos del régimen a ser excarcelados de manera condicional en las últimas horas. Para ella, su hijo que ya cumplió 13 años y el resto de su familia, este es un milagroso logro. Para los espectadores del escenario político, es una evidencia de ciertos cambios por presión directa de Estados Unidos.
Pero no ha sido eliminada su condenada a 30 años de prisión, tras ser acusada sin pruebas integrar un presunto complot para ejecutar un supuesto atentado con un dron contra Nicolás Maduro el 4 de agosto de 2018. Benítez fue detenida cuando viajaba en un taxi acompañando a su esposo, el conductor, por una autopista rumbo al estado llanero de Barinas. En el asiento de atrás iban dos pasajeros que pagaron el viaje.
En un punto de control militar los apresaron a todos porque los pasajeros eran buscados como sospechosos del supuesto complot contra Maduro. A Benítez, entonces de 42 años, la condenaron en 2022 por «terrorismo, homicidio calificado en grado de frustración y traición a la patria», entre otros cargos. Algún día los venezolanos habrán de plantearse si habrá una justicia transicional, un castigo a la cadena de culpables, o perdón y olvido por desgracias como ésta. Hoy el preso chavista más notable está en una celda en Brooklyn, Nueva York. Es el propio Maduro, pero es procesado por presunto narcotráfico, no por las abominables violaciones masivas a los Derechos Humanos.
Cientos de otros casos están documentados y denunciados durante años del régimen chavista socialista, «militar, policial y popular». Todo esto ha sido sustentado por organizaciones como la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la Misión de Verificación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU, Amnistía Internacional, además de valientes ONG que siguen arriesgándose en Venezuela, como Provea, Foro Penal, Cofavic, el Sindicato de la Prensa, y los comités de familiares de víctimas.
Un proceso Made in USA
El propio gobierno de Donald Trump trata de capitalizar estas excarcelaciones como parte del diálogo promovido entre el régimen que encabezan la presidenta encargada Delcy Rodríguez, y su hermano Jorge, presidente de la Asamblea Nacional (legislativo), con una fracción minúscula de la oposición democrática. «La reciente liberación de más de 130 presos políticos en Venezuela es un paso crucial para el proceso de reconciliación del país. Desde el 3 de enero, 1.046 venezolanos han sido liberados», ha expresado el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, el que mueve los hilos del tutelaje que ejerce Washington sobre el «Rodrigato» instalado Por Trump tras derrocar a Maduro.
«A medida que seguimos avanzando en el plan de tres fases, Estados Unidos continúa monitoreando de cerca el proceso de conversaciones presenciales, liderado por los venezolanos, con las autoridades interinas», remata Rubio. La primera ronda de este diálogo terminó este jueves 12 de agosto en Caracas. La liberación total e incondicional de todos los presos políticos, civiles y militares que hay en las cárceles y centros clandestinos de detención, es un clamor sostenido de un millar de familias, la Iglesia, estudiantes, sindicatos, políticos y ONG.
La mayoría de estas personas han sido encarceladas y procesadas bajo peregrinos y socorridos cargos de terrorismo, conspiración, traición a la patria, odio por comentarios en redes sociales, o por estar en el lugar equivocado. En estos juicios perpetrados por tribunales antiterrorismo, a veces con audiencias telemáticas, sin derecho a abogados defensores, sin pruebas ni el debido proceso, sobre la base de presunciones, se ha condenado a personas a penas mayores que las impuestas a alevosos asesinos que han cometido crímenes sangrientos. Muchos prisioneros han ido saliendo sin libertad plena. Antes de esos 131 quedaban más 301 documentados, según Foro Penal. Eran más de 2.000 a finales de 2024 y desde 2014 el gobierno procesó a 19.184 personas por supuestos delitos políticos.
Delcy reconoce corrupción en el sistema judicial
Estas excarcelaciones son resultado de la primera ronda de negociaciones entre el chavismo y la oposición. Aunque no son parte de un acuerdo escrito, obedecen a la presión sobre Washington en los meses de su intervención física en Venezuela. Lo que sí quedó asentado como un acuerdo de la Mesa de Diálogo es una reforma del poder judicial, considerado poco menos que como el bufete particular del régimen chavista. También se aprobó renovar por completo el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), presidido y conformado casi exclusivamente por representantes chavistas o por militantes directos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Este diálogo es entre el chavismo y opositores representados a través de ex diputados de la Asamblea Nacional de 2015 (que era dominada por la oposición antes de ser liquidada casi al nacer por el régimen en fujimorazo en cámara lenta). Pero esto es lo más cerca a un avance concreto, a la posibilidad de un cambio institucional desde el fraude electoral cometido por Maduro el 28 de julio de 2024. Todavía está por verse el nivel de cumplimiento de estos acuerdos, la verdadera disposición del chavismo para hacerlo y el grado de presión de Washington para obligarlo a cumplir.
El TSJ, junto al Consejo Supremo Electoral (CNE), son los principales brazos usados por el chavismo para ponerse un camuflaje y disfrazar de democracia participativa su sistema autoritario sin división de poderes. A través de la Sala Constitucional el TSJ se erige como máximo intérprete de Constitución y de las leyes. Desde allí por ejemplo se ayudó al CNE a anular un intento de referendo en 2016 para revocar el mandato de Maduro; se le eliminaron los poderes a la Asamblea Opositora de 2015; se desconocieron triunfos de gobernadores, alcaldes y diputados, y en 2024 se afirmó que se había verificado el improbable triunfo de Maduro en las elecciones.
Son solo algunos de los hitos de este Tribunal que es la máxima representación de todo un sistema de justicia cuestionado por legitimar prácticas autoritarias. La propia Delcy destaca ahora un logro de la Mesa de Diálogo: «Alcanzamos acuerdos para un proceso de transformación de la justicia en Venezuela. Una justicia verdadera, una justicia donde el ciudadano acceda sin ningún tipo de perturbación, de corrupción, de extorsión, de burocracia», dijo Delcy.
En contrapartida al ceder a estos cambios, el chavismo busca recuperar activos venezolanos congelados en el exterior cuando la Unión Europea, Reino Unido y Suiza endosaron sanciones de EEUU contra el régimen de Maduro, justamente por sus violaciones a los derechos humanos y atentados contra la democracia. Delcy dijo que se alcanzó un acuerdo para restituir las reservas de oro retenidas en el Reino Unido y supuestamente destinarlas a inversiones sociales, especialmente en las zonas más arrasadas por los terremotos del 24 de junio. Son 30 toneladas, depositadas en el Banco de Inglaterra y al precio de mercados de esta semana valen unos 3.600 millones de euros.
El chavismo ha hecho punto de honor repatriar esos activos. Mientras, guarda un culposo silencio sobre el destino de los entre 16.600 y 21.000 millones de dólares robados por funcionarios del gobierno de Maduro en el escándalo llamado PDVSA Cripto, que estalló en 2023, cuando el gobierno chavista reconoció que se desviaron fondos de exportaciones petroleras facturados con cripto monedas.
