“Ha llegado la hora de perfeccionar nuestra Constitución”, dijo el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 15 de enero, ante el Parlamento de mayoría chavista.
Por: Nicole Kolster / La Voz de América
Maduro pretende reformar la Carta Magna de Venezuela, vigente desde 1999 y que impulsó su mentor político, el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), quien ya había introducido actualizaciones al texto en 2009 para reelegirse indefinidamente.
“Es el momento preciso” para “una gran reforma histórica que adapte la Constitución de 1999 a los nuevos tiempos, con ideas nuevas para el avance, la transición a la nueva modernidad”, agregó Maduro durante un acto protocolar que duró más de dos horas.
El gobernante venezolano entregó entonces al Parlamento el primer borrador de la reforma, que abarca unos 80 artículos. No leyó ninguno de ellos. Hasta ahora, ningún funcionario ha informado con detalle sobre qué normas constitucionales buscarán cambiar.
¿Qué cambios persigue?
En todo caso, el líder chavista sí ofreció un vistazo a grandes rasgos de las propuestas y adelantó que esta reforma incluye una modificación de la estructura del Estado.
Habló de la “ampliación y perfeccionamiento de la democracia”, a través de “la incorporación del poder comunal, social y popular” a los tres niveles de poderes existentes —nacional, regional y municipal—.
Todo esto ocurre en medio de los cuestionamientos a su última reelección en unos polémicos comicios donde tanto el oficialismo como la oposición se atribuyen la victoria.
El Centro Carter ratificó está semana que el proceso electoral del pasado 28 de julio no cumplió con los estándares internacionales y no puede considerarse democrático.
El gobierno de Maduro ha rechazado en varias ocasiones los informes sobre el proceso, elaborados por organizaciones independientes como el Centro Carter, aunque aún no presenta pruebas concluyentes de la ventaja del gobernante sobre su principal oponente, el opositor Edmundo González, considerado como presidente electo por varios países.
La propuesta de reforma impulsada por el oficialismo venezolano incluye además “penas draconianas” – o sanciones excesivamente severas- a eventuales amenazas externas e internas para el país.
“Aún hoy se mantienen las conspiraciones (…) No es tolerable”, continuó Maduro.
“En la Constitución debe quedar explícito y claro que Venezuela no tolerará de ninguna manera, ninguna una amenaza fascista (…) o de cualquier característica y debe ser penada de la manera más draconiana que pueda estipularse”.
El término “fascista” es usado frecuentemente por Maduro y su administración para referirse a la oposición que lidera María Corina Machado, que lo acusa de “robarse” las elecciones presidenciales del año pasado.
En otro tema, Maduro también busca diseñar un nuevo modelo económico “no dependiente, autosuficiente” y el engranaje constitucional “a la luz de los nuevos términos globales”.
Figuras a cargo
La elaboración del documento de la reforma estará a cargo de figuras claves del chavismo, entre ellos, el fiscal general Tarek William Saab, la vicepresidenta Delcy Rodríguez y su esposa Cilia Flores. También participan el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y la máxima autoridad del Poder Electoral, Elvis Amoroso.
En 90 días esta comisión tiene previsto presentar las modificaciones, que luego deberán ser aprobadas en un referendo que no tiene fecha definida.
En 2017, en medio de una crisis política y económica sin precedentes, Maduro convocó a una Asamblea Constituyente para “pacificar” el país en medio de esa ola de protestas que exigían su salida.
Sin embargo, esa instancia, que permaneció dos años en funciones y que se declaró como plenipotenciaria; cesó sin haber tocado ni un punto ni una coma de la Constitución.
De cualquier forma, estos cambios a la constitución están en manos de un solo sector del país, que está alineado a Maduro. Una fracción de la oposición ya ha alertado de los peligros que esto representa. Pero el grueso del grupo está concentrado en la demanda de reconocimiento a Edmundo González como presidente electo, y no ha fijado una postura conjunta.
