La dirigente opositora Magalli Meda, coordinadora de Vente Venezuela y cercana a María Corina Machado, denunció públicamente un nuevo allanamiento armado a su vivienda familiar en Caracas, ocurrido la noche del 19 de febrero, exactamente en el momento en que la Asamblea Nacional aprobaba por unanimidad la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.
Según el relato detallado que Meda publicó en su cuenta de X (antes Twitter), un grupo de 16 hombres armados y civiles, que llegaron en seis camionetas, ingresó a la fuerza a la propiedad. Permanecieron varias horas en el interior, donde destruyeron bienes, se llevaron pertenencias y, al finalizar, colocaron carteles en la puerta con las leyendas “Asegurado” e “Incautado”.
“¿Qué clase de amnistía es esta? ¿Para quiénes y bajo qué condiciones?”, cuestionó Meda en el hilo, donde vinculó directamente el hecho con la sesión legislativa. La opositora calificó la acción como una demostración clara de que no existe verdadera reconciliación ni respeto a la propiedad privada, y advirtió que mientras persistan presos políticos, represión y expropiaciones, no habrá libertad ni prosperidad en el país.
Este incidente no es aislado en el historial de Meda y su familia. La vivienda ya había sido allanada el 8 de mayo de 2025 por un operativo liderado por el general Jesús Rafael Ferreira, con más de 13 hombres que se llevaron cajas y causaron destrozos. Al día siguiente, el 9 de mayo de ese año, agentes realizaron un procedimiento similar en la residencia de su madre —una persona de la tercera edad sin vinculación política—, donde sustrajeron un vehículo y otros bienes antes de clausurar la propiedad.
Además, Meda compartió evidencia inédita de la vigilancia armada que sufrió durante su período de asilo en la embajada argentina en Caracas: imágenes tomadas desde su lugar de descanso muestran a hombres apuntando con armas largas hacia el interior del edificio. Ese material, según indicó, fue entregado a organismos de derechos humanos.
La Ley de Amnistía, sancionada por la Asamblea Nacional el jueves 19 de febrero y promulgada rápidamente, busca conceder perdón general a personas involucradas en protestas políticas y ciertos delitos en un período definido, con el objetivo declarado de promover la paz social y la convivencia democrática. El texto fue aprobado por unanimidad tras consultas y debates, pero organizaciones de derechos humanos y sectores opositores lo han calificado como limitado, excluyendo delitos graves como homicidio, tráfico de drogas o violaciones masivas de DD.HH., y generando dudas sobre su aplicación real a todos los casos políticos.
La denuncia de Meda es un claro signo de contradicción entre el discurso oficial de reconciliación y las prácticas represivas en terreno. La opositora cerró su mensaje con un llamado firme: “Venezuela no olvida. Venezuela no dará vuelta atrás. Venezuela será, muy pronto, 100% libre”.
