Mariana González de Tudares, esposa de Rafael Tudares Bracho, e hija del dirigente político opositor Edmundo González Urrutia, denunció este lunes haber sido víctima de tres episodios de extorsión vinculados al proceso judicial que mantiene a su esposo privado de libertad desde hace meses.
A través de un comunicado, González de Tudares reveló que las extorsiones, —que involucran a actores del Estado, la iglesia y organizaciones de derechos humanos—, ocurrieron en espacios que deberían ser garantes de la legalidad y la protección de los derechos fundamentales.
“Estas tres extorsiones se llevaron a cabo en sedes diplomáticas (Embajadas), en espacios donde opera el Arzobispado, y en oficinas de organizaciones que públicamente afirman defender los derechos humanos”, denunció.
Según su testimonio, en cada uno de estos encuentros hubo testigos presenciales que escucharon íntegramente las exigencias que se le hicieron. “En esos tres episodios, se me indicó directamente que, para que Rafael pudiera recuperar su libertad y volver a su hogar, yo debía obligar a mi padre a renunciar a su lucha y a su causa”, afirmó.
González de Tudares calificó estos hechos como parte de un “patrón de coacción y persecución indirecta contra una familia civil, utilizando la privación de libertad como mecanismo de presión política y personal”. A su juicio, se trata de una instrumentalización de la justicia con fines políticos, que además se vale de “espacios institucionales y diplomáticos que deberían ser neutrales y protectores de derechos”.
Denuncia de un proceso judicial sin garantías
Más allá de los episodios de extorsión, en el comunicado González de Tudares expone lo que considera un proceso judicial viciado y sin fundamentos.
“El expediente judicial contra mi esposo Rafael Tudares Bracho, es un fraude a la justicia y a sus derechos humanos”, afirma. Asegura que “no existen testigos, no existen evidencias contra Rafael, no existen hechos demostrables contra Rafael que constituyan delito”. A pesar de ello, fue condenado a 30 años de prisión.
A su vez, denunció que se le impidió participar en la defensa de su esposo: “A mí nunca se me permitió acceder al expediente. Nunca se me entregó copia. Nunca se me permitió realizar el nombramiento de una defensa privada. En consecuencia, mi abogado jamás tuvo acceso al expediente”.
Rafael Tudares, quien es abogado, solo pudo revisar su expediente el día de su única audiencia de juicio. “Pudo constatar que no había pruebas en su contra y eso es lo que más indignado lo tiene”, relató su esposa.
Por último, subrayó que “ser el yerno de Edmundo González Urrutia no es un delito”.
Y añadió: “Queremos pasar esta página y duro vía crucis que hemos vivido y padecido, para seguir con nuestras vidas, en familia y en paz. De nuestra parte no tenemos ni albergamos sentimientos de venganza. No somos así. Solo queremos que se haga justicia y se libere a Rafael”.
