El abogado defensor de derechos civiles y experto en derecho procesal penal, Rafael Narváez, fijó posición frente a las recientes declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional (AN). Narváez afirmó que, para que una petición de perdón por parte del Poder Legislativo sea creíble, debe venir acompañada de acciones concretas que desmonten el andamiaje jurídico utilizado para la persecución política.
Exigencia de hechos, no solo palabras
Para el exparlamentario, la reconciliación del país pasa necesariamente por la derogación de leyes que, a su juicio, han sido instrumentalizadas contra la disidencia. Entre ellas destacó:
- La Ley contra el Odio.
- La Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG.
- La Ley de Defensa de Simón Bolívar.
«Pedir perdón no es suficiente si se sigue arrastrando el resentimiento y la venganza contra quienes piensan distinto. La verdadera voluntad política se demuestra respetando el Artículo 21 de la CRBV, que prohíbe la discriminación y establece que todos somos iguales ante la ley», sentenció Narváez.
Denuncian «Operación Morrocoy» en tribunales de terrorismo
El jurista denunció la ejecución de una «Operación Morrocoy judicial» por parte de los jueces de terrorismo. Según Narváez, estos funcionarios están colocando obstáculos deliberados a las solicitudes de beneficios procesales derivadas de la reciente Ley de Amnistía.
Narváez calificó esta situación como un «descarado desacato» a lo publicado en Gaceta Oficial, lo que representa una burla tanto para la Asamblea Nacional como para los detenidos y excarcelados por motivos políticos.
Cuestionamiento ético al sistema de justicia
El defensor de derechos civiles criticó duramente que los mismos actores que imputaron delitos de terrorismo de manera arbitraria sean quienes hoy presionen a los detenidos para admitir hechos.
«No es ético para la justicia que quienes fabricaron expedientes sean los que ahora decidan el destino de estas personas bajo coacción», señaló. Asimismo, advirtió que mientras los jueces mantengan una «disciplina partidista» subordinada al Ejecutivo, en lugar de la autonomía e independencia que exige la Constitución, la ciudadanía seguirá siendo víctima de un Estado que desprecia el debido proceso y las garantías constitucionales.
Finalmente, Narváez reiteró su exigencia de libertad plena para todos los presos políticos como el único camino real para restablecer el hilo constitucional y la paz social en Venezuela.
