La represión contra la libertad de expresión se intensificó de manera alarmante en Venezuela durante mayo, cuando se celebraron las elecciones parlamentarias y regionales. Así lo denunció este viernes la ONG Espacio Público, que documentó 30 violaciones al derecho a la libertad de expresión, lo que representa aumento de 160% en comparación con el mes anterior.
El informe alerta sobre un patrón sistemático de hostigamiento, censura y persecución, mayormente contra periodistas, defensores de derechos humanos, organizaciones civiles y ciudadanos críticos al régimen de Nicolás Maduro.
De acuerdo con la organización, se registraron 13 hechos que afectaron directamente la libertad de expresión, con un total de 17 víctimas identificadas. Los principales responsables fueron cuerpos de seguridad del Estado (9 casos) e instituciones públicas (4 casos).
Desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias: la represión en Venezuela
Uno de los aspectos más graves del informe es el incremento de los casos de desaparición forzada, especialmente contra activistas de derechos humanos.
Espacio Público denunció que al abogado Eduardo Torres, integrante de la ONG Provea, lo interceptaron el 9 de mayo en Caracas funcionarios sin identificación.
Permaneció más de 96 horas sin contacto con familiares ni abogados y, aunque el fiscal general confirmó su detención el 14 de mayo, no se informó su paradero ni se le permitió acceso a defensa legal, lo que mantiene vigente su condición de desaparición forzada.
Casos similares ocurrieron con el médico Omar Vergel y la abogada Merlina Carrero, detenidos el 7 de mayo en Táchira por funcionarios no identificados.
El 23 de mayo, al periodista Carlos Marcano, vinculado con organizaciones de la sociedad civil, lo sacaron por la fuerza de su vivienda funcionarios del Estado y permanece incomunicado.
La misma semana detuvieron a más de 70 personas en estados del país bajo acusaciones no confirmadas de “conspiración electoral”. Entre las víctimas figuran defensores de derechos humanos, activistas, periodistas y ciudadanos extranjeros.
Espacio Público subrayó que muchas de estas detenciones podrían constituir desapariciones forzadas, al no respetarse el derecho al debido proceso.
Periodismo cercado: censura y exclusión
El informe también detalla numerosas restricciones al trabajo periodístico durante la jornada electoral del 25 de mayo. En Caracas, funcionarios del Plan República impidieron el ingreso de un reportero del medio Tal Cual a un centro electoral, argumentando que solo medios estatales como VTV podían cubrir el proceso.
Al equipo del canal internacional Telemundo, encabezado por el periodista Daniel Garrido, lo abordaron civiles sin identificación en la avenida México, quienes le exigieron mostrar sus credenciales, en un claro intento de intimidación.
Situaciones similares ocurrieron en los estados Mérida, Zulia, Aragua y Apure, donde, según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, hostigaron a los reporteros y los obligaron a identificarse. Además, se les prohibió fotografiar o entrevistar a votantes.
La periodista Beatriz Adrián sufrió ataques verbales de la activista política Indira Urbaneja, luego de que reportara baja participación electoral. Urbaneja también arremetió contra el Colegio Nacional de Periodistas, al que calificó de una “cloaca que hay que dinamitar”.
Criminalización de organizaciones y amenazas
Tras las elecciones, el 26 de mayo, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, acusó a organizaciones de derechos humanos -entre ellas Provea, Foro Penal y Médicos Unidos Venezuela- de formar parte de una supuesta “estructura terrorista”.
El funcionario advirtió en televisión nacional que “quien denuncie será llevado en silencio”, en lo que Espacio Público interpreta como una amenaza directa para silenciar cualquier voz disidente.
El informe resalta asimismo la denuncia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que condenó la anulación arbitraria de pasaportes a periodistas y activistas opositores.
El organismo internacional exhortó al Estado venezolano a cesar estas prácticas y restituir los documentos como garantía del derecho a la libre movilidad y expresión.
Espacio Público concluyó que la represión en Venezuela es una política sistemática del Estado para limitar el espacio cívico, controlar el discurso público y desincentivar la denuncia de violaciones a los derechos humanos.
“La criminalización, las restricciones a la prensa y la falta de acceso a la justicia reflejan la gravedad del retroceso democrático que atraviesa Venezuela”, alertó.
