“El 29 de noviembre estuve retenido en una de las instalaciones de seguridad del Estado, junto a tres directores (de escuelas) más”, contó a Expediente Público Roymer Durán, presidente del Sindicato Venezolano de Maestros del municipio de Acevedo, al norte del país.
Por: Yarely Madrid – Expediente Público
La policía venezolana incriminó de terrorismo y bloquear las elecciones a Durán, sólo por las llaves de un centro de votación en Acevedo, durante las elecciones primarias del 22 de octubre del 2023.
Horas después, él y otros maestros retenidos, fueron liberados tras demostrar con actas que las llaves estaban en poder de los jefes de las comunidades.
Los jefes de las comunidades son seleccionados por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y aunque su función es ayudar a los ciudadanos, sobre todo en elecciones, sirven como oídos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
Para Durán, lo que sucedió ese día fue parte de un “plan político” para poder arrestarlo.
El año pasado, el 16 de enero, mientras marchaba exigiendo un salario digno para los educadores en Caucagua, ciudad del estado Miranda, un colectivo del PSUV se acercó y lo agredió físicamente.
“Coloqué la denuncia en el Ministerio Público (MP) y hasta el sol de hoy no recibí llamada de la fiscalía, ni nada”, manifestó Durán.
Retención migratorio y arrestos en Venezuela
Rocío San Miguel, de 57 años, de nacionalidad venezolana y española, fue detenida el 9 de febrero del 2024 en el área de migración del aeropuerto internacional de Maiquetía, a las afueras de Caracas.
San Miguel fue acusada de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir.
Ella es esposa del preso político Alejandro González, militar retirado, a quien la justicia chavista lo acusa de revelar secretos políticos, obstrucción a la justicia y asociación.
San Miguel viajaría a Miami acompañada de su hija, Miranda Díaz, cuando agentes de contrainteligencia las arrestaron, a ambas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó en 2012 medidas de protección.
Víctor Díaz Paruta, padre de Miranda, sus hermanos Miguel y Alberto San Miguel y su expareja, Alejandro González de Canales también fueron arrestados.
Todos los familiares de San Miguel fueron liberados condicionalmente y tendrán que presentarse antes los tribunales, no salir del país y con prohibición de declarar a los medios de comunicación.
El 19 de febrero del 2014, el fiscal general del Venezuela, Tarek William Saab, en cadena nacional justificó que Rocío San Miguel se encontraba en prisión por supuestamente realizar espionaje.
También se le acusó de utilizar información del Estado para formar parte de una supuesta conspiración militar denominada “Brazalete Blanco” para asesinar al presidente Nicolás Maduro.
La intimidación a las ONG’s
Clara Ramírez, directora de FundaRedes, una ONG venezolana dedicada a la defensa de los derechos humanos, dijo a Expediente Público que Venezuela busca también fiscalizar las Organizaciones No Gubernamental con una ley copiada de Nicaragua.
En enero del 2024 se presentó ante el Poder Legislativo la “Ley para la Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG’s presentado en enero ante la Asamblea Nacional”.
“Lo que busca esta ley es que el Estado venezolano tenga ahora el poder absoluto para decidir que organizaciones pueden trabajar y qué organizaciones no pueden trabajar”, indicó.
«Es una ley, que busca aniquilar a las organizaciones en la sociedad civil ya que son las únicas que se encuentran allí frente a las violaciones de derechos humanos”, explica Ramírez.
En Nicaragua han sido cerradas más 3,500 ONG’s por incumplimiento de leyes como la de Agentes Extranjeros de 2020, el régimen de Ortega se queda con los bienes y el dinero de las cuentas de estas organizaciones.
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