La ONG de Venezuela Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan) informó este martes sobre la liberación de Karla Parra, quien, según la organización, tiene casi ocho meses de embarazo y fue detenida tras las presidenciales, cuando se desataron protestas contra el resultado oficial que dio una cuestionada reelección a Nicolás Maduro.
A través de X, Fundehullan detalló que Parra, de 20 años, estaba recluida en el Internado Judicial Los Pinos, en el estado Guárico (centro), aunque inicialmente estuvo detenida en otro centro tras su arresto el pasado 30 de julio, cuando también fue apresada su pareja, Abraham Armas -de 19 años-, quien permanece en la cárcel de Tocorón, en Aragua (norte).
“Fueron detenidos por la PNB (Policía Nacional Bolivariana) cuando se dirigían a buscar a su niña (hija). En ese momento Karla tenía tres meses de embarazo y así se lo hizo saber a los funcionarios”, aseguró a la agencia de noticias EFE Fundehullan.
Este martes, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó que un total de 11 reos, considerados presos políticos por parte de la oposición y organizaciones sociales, fueron excarcelados del penal de Tocuyito, en el estado Carabobo (norte).
El lunes, el OVP informó que Osgual Alexander González Pérez murió en la misma prisión, donde también falleció Jesús Rafael Álvarez, ambos detenidos en el contexto de protestas poselectorales.
La Fiscalía informó que 533 personas detenidas en el contexto poselectoral fueron excarceladas, luego de una solicitud al Poder Judicial de la revisión de medidas de 179 nuevos casos, que se suman, según la fuente, a las 354 ejecutadas en las últimas semanas.
La oposición pidió a la CPI investigar la muerte de tres presos políticos
En otro orden, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que reúne a la oposición mayoritaria de Venezuela, pidió este martes a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue la muerte de tres presos políticos postelectorales, como parte de sus tareas por documentar y evaluar la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte del régimen de Nicolás Maduro.
A raíz de estos sucesos, la PUD difundió un comunicado en las últimas horas en el que llamó a los magistrados de La Haya y a la comunidad internacional a no permanecer indiferentes tras los “dolorosos casos” de estos civiles, que “hoy enlutan a familias venezolanas”, y a tomar acciones concretas para impedir que sigan ocurriendo.
“Condenamos las muertes de ciudadanos bajo custodia del Estado que, lamentablemente, han sido verificadas, por la falta de atención médica oportuna” que “sufren los presos políticos y comunes en las cárceles venezolanas”, indica el escrito, que denuncia a continuación que estas prácticas son “violatorias de los derechos humanos y se constituyen en delitos para quienes tienen la responsabilidad de brindar la debida y oportuna asistencia médica y no la garantizan”.
“Esta denegación de acceso a la salud ha ocasionado la muerte de varios ciudadanos, a quienes se le negó la debida atención médica a pesar de que, en muchos de los casos, han sido hechos públicos y notorios las solicitudes y denuncias de los familiares”, aseguró la PUD.
La víspera, María Corina Machado también había alzado su voz y advirtió que “Maduro los está matando, de una u otra forma”.
“Tres vidas arrebatadas por un sistema criminal, tres familias desgarradas y a quienes les han violado todos los derechos humanos”, lamentó, antes de insistir en que la única manera “de parar esta tragedia” es “cumplir el mandato que dio el pueblo” en las urnas y “hacer justicia”.
