El plan de deportaciones masivas impulsado por el presidente Donald Trump ha generado una nueva controversia. Según información publicada por Camilo Montoya-Galvez en CBS News, la administración Trump estaría negociando un acuerdo con el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador para deportar a inmigrantes de terceros países a este territorio.
El convenio, conocido como Safe Third Country (Tercer País Seguro), permitiría a Estados Unidos deportar a El Salvador a migrantes de otras naciones, incluidos aquellos vinculados a supuestas actividades delictivas.
Este tipo de acuerdo ya fue intentado durante el primer mandato de Trump (2017-2022), pero no se concretó y fue descartado por el presidente Joe Biden.
Ahora, la propuesta resurge en un momento crítico, en el que las tensiones diplomáticas con Colombia han llevado a Trump a amenazar con aranceles como represalia. En este contexto, El Salvador se presenta como un aliado estratégico en la región para ejecutar el plan de deportaciones.
Una de las mayores dificultades del plan de Trump es la deportación de ciudadanos venezolanos, debido a la falta de relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro.
Según los reportes, este acuerdo con El Salvador podría facilitar la reubicación de migrantes venezolanos, incluidos aquellos sospechosos de pertenecer al Tren de Aragua, una organización que Trump ha señalado como «terrorista» y responsable de crímenes contra estadounidenses.
En una de sus primeras llamadas como presidente tras asumir su segundo mandato, Trump habría discutido con Bukele la importancia de combatir la inmigración ilegal y desarticular redes criminales como el Tren de Aragua. Este grupo ha sido un foco de atención en la agenda de seguridad de Trump, quien ha vinculado a la banda con delitos graves en Estados Unidos.
En el marco de estas negociaciones, el secretario de Estado, Marco Rubio, realizará una gira por Centroamérica la próxima semana. Aunque no se ha confirmado oficialmente, se espera que su visita a El Salvador incluya conversaciones clave para cerrar el acuerdo.
El posible convenio ha desatado un intenso debate sobre sus implicaciones humanitarias y de seguridad. Críticos argumentan que trasladar a migrantes a un país con sus propios desafíos sociales y económicos podría agravar la situación regional, mientras que defensores señalan que es una medida necesaria para frenar la inmigración ilegal y abordar problemas de seguridad transnacional.
El desenlace de estas negociaciones será crucial para el futuro de las políticas migratorias en la región.