Más de 18 años después de que el entonces director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, y un colega fueran expulsados de Venezuela por el gobierno de Hugo Chávez, la prestigiosa organización internacional volvió al país para evaluar la situación de los derechos humanos y escuchar a representantes de distintos sectores.
Por: Erika Hernández – El Nacional
Al frente de la delegación estuvo Federico Borello, subdirector ejecutivo y director de programas globales de Human Rights Watch, quien se incorporó a la organización en 2024, después de haber ocupado cargos como director ejecutivo del Center for Civilians in Conflict (Civic), director de inversiones en Humanity United y asesor principal de políticas para Naciones Unidas. El regreso a Venezuela de la ONG se produjo en medio de un proceso de transición política iniciado el 3 de enero tras la intervención militar estadounidense que terminó con la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores.
La delegación de HRW se reunió esta semana con representantes de la sociedad civil, la oposición, medios de comunicación y la comunidad internacional y diplomática, así como con miembros del gobierno interino, incluida la presidenta encargada Delcy Rodríguez. De acuerdo con la Cancillería venezolana, el encuentro con la mandataria permitió abordar asuntos relacionados con las garantías fundamentales, los derechos humanos, la pluralidad política y la convivencia democrática.
Borello, en declaraciones a El Nacional durante su estadía en Caracas, destacó que la existencia de medidas de apertura no significa que los problemas estructurales hayan quedado resueltos. La organización reconoció algunos avances durante 2026, pero consideró que estos siguen siendo parciales y que su sostenibilidad dependerá de la profundidad y seriedad de las reformas que se adopten.
Entre las prioridades inmediatas que HRW identificó la liberación de todos los detenidos arbitrariamente por razones políticas, así como la eliminación de las medidas cautelares que restringen la libertad de personas excarceladas. La organización también reclamó cambios en las condiciones de reclusión y señaló especialmente la situación en El Rodeo I, centro penitenciario que, según los testimonios recogidos por la delegación durante su visita, es descrito por familiares y miembros de la sociedad civil como lugar de tortura. La organización plantea su cierre y el de los centros de detención clandestinos que, de acuerdo con la información recabada durante la misión, continúan operando en Caracas.
La libertad de expresión constituye otro de los asuntos centrales. Aunque durante la semana de la visita comenzaron a desbloquearse algunos sitios informativos, Borello destacó que la medida debe extenderse a la totalidad de los medios de comunicación. La organización aseguró que continuará monitoreando el proceso mediante contactos con periodistas y que mantendrá la presión para que el desbloqueo sea completo.
A más largo plazo, HRW considera indispensable una reforma del sistema judicial y de los cuerpos de seguridad, además de un calendario electoral acordado entre los actores políticos. Además, señaló que cualquier futura elección debe garantizar la participación de todos los partidos y candidatos habilitados, aunque considera que corresponde a los venezolanos, al gobierno y a la oposición definir el orden y las características del cronograma electoral.
La discusión sobre justicia y transición también implica abordar la responsabilidad por las graves violaciones de derechos humanos durante los últimos años. El representante de HRW insistió en que quienes sean responsables de presuntos crímenes de lesa humanidad deben ser juzgados y no permanecer en posiciones de poder.
El contraste entre las medidas adoptadas en el ámbito político y la realidad económica y social constituye para Borello uno de los principales desafíos de la transición. La liberación de una persona que estuvo detenida por motivos políticos representa un cambio importante para esa persona y su familia, pero no necesariamente supone una transformación inmediata de las condiciones de vida de quienes continúan enfrentando pobreza, fallas en los servicios públicos y precariedad económica.
A este escenario se suma el impacto del doble terremoto del 24 de junio, que obligó al Estado y a la sociedad venezolana a concentrar buena parte de sus esfuerzos en la atención de la emergencia y la recuperación. Borello dijo que esta situación produjo un retraso inevitable en otros procesos, incluida la transición política, aunque destacó que la mesa de diálogo volvió a reunirse y planteó la necesidad de atender simultáneamente a las víctimas del desastre y avanzar en las reformas institucionales.
En cuanto a la actuación de Estados Unidos y su relación actual con Venezuela, Borello insistió en que los acuerdos comerciales y petroleros no deberían desplazar de la agenda la situación de los derechos humanos. Para la organización, la existencia de un Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos están vinculados con la estabilidad del país y con las condiciones necesarias para garantizar inversiones sostenibles.
—Primero que nada, bienvenido a Venezuela. Es el primer funcionario de HRW que viene al país desde el año 2008. Tengo entendido que el día de ayer se reunió con los representantes del gobierno interino, un gran avance tomando en cuenta que desde hace 18 años no tenían relaciones con el Estado. ¿Cuál fue el objetivo de este encuentro y qué podría destacar de la reunión?
—Efectivamente, como dijiste, hacía 18 años que no podíamos realizar una misión oficial al país, después de que en 2008 nuestro entonces director para las Américas, José Miguel Vivanco, y un colega fueran expulsados por el gobierno.
Y estamos aquí de vuelta 18 años después. Hemos tenido varias reuniones con la sociedad civil, la oposición, los medios de comunicación y la comunidad internacional y diplomática. Ayer nos reunimos primero con algunos miembros del gobierno y después con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, acá en Caracas, e intercambiamos impresiones sobre la situación de los derechos humanos.
Pudimos expresar a la presidenta interina lo que hemos observado en el trabajo que llevamos realizando desde hace 30 años en Venezuela y durante esta visita de la semana. Reconocimos algunos avances en materia de derechos humanos ocurridos en 2026 y, al mismo tiempo, relevamos los desafíos que persisten, los cuales siguen siendo muy serios, importantes y urgentes.
—Con base en lo que han podido observar durante esta visita, ¿cuáles consideran que son esos desafíos importantes y urgentes?
—Bueno, creo que hay temas que deben avanzar en el corto plazo y otros estructurales que deben progresar a largo plazo. En el corto plazo, lo urgente es la liberación de todos los presos políticos y de todas las personas detenidas arbitrariamente por otras razones.
Asimismo, hay que revocar las medidas cautelares contra personas que han sido excarceladas pero que mantienen dichas medidas, por lo que tienen una libertad restringida. Ese es el primer punto. El segundo punto se refiere a las condiciones de detención. Sobre todo respecto al centro penitenciario El Rodeo I; todas las personas, familiares y miembros de la sociedad civil con los que hemos hablado se refieren a esa cárcel como un centro de tortura y no de detención. A nuestro juicio, esa cárcel debería ser cerrada, además de clausurar todos los centros de detención clandestinos que siguen operando en Caracas.
El último tema de corto plazo que ha comenzado es el desbloqueo de todos los medios de comunicación. Si bien se ha iniciado con algunos, la totalidad de los medios tendría que ser desbloqueada. A más largo plazo, está la reforma del sistema judicial, la reforma de los cuerpos de seguridad y, finalmente, un calendario electoral acordado para llegar a elecciones.
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