Este lunes, los ministros de Interior de los 27 países de la Unión Europea aprobaron en Bruselas un reglamento que refuerza las políticas migratorias, incorpora los centros de deportación inspirados en el modelo de la primera ministra de Italia, la primera ministra Giorgia Meloni, y redefine el concepto de «tercer país seguro», una decisión que confronta directamente las posiciones defendidas por España.
El acuerdo permite que los Estados miembros envíen a inmigrantes ilegales a países extracomunitarios desde los que podrán tramitar sus solicitudes de asilo. La norma se aplicará incluso si esas personas no mantienen ningún vínculo con la nación receptora ni la han atravesado durante su ruta hacia Europa. En la lista de territorios considerados seguros aparecen Marruecos, Colombia, Bangladesh, Egipto, India, Kosovo y Túnez, junto a todos los países candidatos a entrar en la UE, como Albania, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Moldavia, Serbia o Turquía.
España logró apoyos puntuales de Portugal y Francia en la discusión sobre la definición de tercer país seguro. Sin embargo, en el debate sobre los centros Meloni, ni un solo ministro tomó la palabra, y fuentes del Ejecutivo español confirman que el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska rechazó igualmente la medida.
El Ministerio del Interior asegura que el ministro Grande-Marlaska expresó «serias dudas jurídicas, políticas y económicas» sobre estos centros de retorno. Sostiene que podrían dañar las relaciones con socios estratégicos en la prevención de la inmigración ilegal y alterar los equilibrios del pacto migratorio, que aún no ha comenzado a aplicarse. El Gobierno recalca además que el nuevo reglamento genera incertidumbre sobre el respeto a los derechos y obligaciones de quienes solicitan protección internacional.
La posición española, no obstante, queda lejos de la que domina en la UE. El ministro de Interior de Dinamarca Rasmus Stoklund, país que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo, defendió que Europa sufre un «alto flujo de inmigrantes ilegales» que presiona a los Estados. Señaló que miles de personas mueren en el Mediterráneo o padecen abusos en las rutas, mientras las mafias obtienen fortunas. En su opinión, el sistema actual mantiene un «efecto llamada» evidente y la tramitación del asilo en terceros países seguros constituye una vía necesaria para revertir esta dinámica.
La actuación pasará ahora al Parlamento Europeo, donde no se prevé un trámite complejo. La medida continúa la estrategia planteada en marzo por la Comisión Europea, cuando el Ejecutivo de la presidenta Ursula von der Leyen presentó sus «soluciones innovadoras» en gestión migratoria. La Comisión destacó que esta vía permite devolver legalmente a un tercer país a quienes permanecen ilegalmente en la UE y cuenten con una decisión firme de retorno, siempre que exista un acuerdo bilateral o comunitario.
El rumbo europeo, por tanto, se aleja otra vez de la posición española, no sólo en inmigración —donde España insiste en la cooperación con países de origen y rechaza un enfoque más restrictivo— sino también en la transición verde, que pierde peso en la agenda comunitaria, y en materia de Defensa, donde la mayoría de los socios apuestan por elevar sensiblemente el gasto militar mientras el Gobierno español asegura que no superará el 2% del PIB.
