El Gobierno británico ha decidido avanzar en su política de control fronterizo mediante un paquete de medidas que autoriza a los agentes de inmigración a registrar la ropa, los objetos personales e incluso el interior de la boca de los inmigrantes ilegales que lleguen al Reino Unido en pequeñas embarcaciones. La iniciativa, presentada en Downing Street, pretende reforzar la lucha contra las mafias del tráfico de personas, aunque su alcance ha desatado un intenso debate social y jurídico, sobre todo porque también podría aplicarse a menores.
Estas facultades forman parte de la nueva Ley de Seguridad Fronteriza, Asilo e Inmigración, una normativa promovida por el Ejecutivo laborista en un contexto en el que Nigel Farage, con un fuerte discurso antiinmigración y apenas cuatro diputados, está consiguiendo imponer su agenda en Westminster. La ley introduce un estatus temporal de asilo, limita las apelaciones y redefine artículos clave del Convenio Europeo de Derechos Humanos para reducir los recursos judiciales. Mientras los laboristas disfrutan de una holgada mayoría, el líder del Reform sigue encabezando las encuestas y desgasta cada día más al premier Keir Starmer, cuya falta de liderazgo ya inquieta a parte de su propio partido.
El Tribunal Supremo declaró en 2022 que el Ministerio del Interior —cuando gobernaban los conservadores— actuó de forma ilegal al confiscar sistemáticamente los teléfonos de quienes llegaban en patera mediante una política no publicada. Aquella sentencia obligó al Gobierno a suspender las incautaciones y devolver miles de dispositivos. La nueva legislación pretende cubrir ese vacío legal, legalizando la incautación de móviles y ampliando la capacidad de efectuar registros físicos que antes no se contemplaban.
En este marco, el secretario de Estado de Seguridad Fronteriza y Asilo, Alex Norris, defendió que estos nuevos poderes permitirán confiscar los teléfonos de los inmigrantes ilegales antes de detenerlos, con el objetivo de obtener información y desmantelar las redes de traficantes que explotan a estas personas.
Las ONG han reaccionado con dureza. Sile Reynolds, responsable de defensa del asilo en Freedom from Torture, sostiene que registrar la ropa y el interior de la boca de personas que acaban de sobrevivir a la travesía del Canal constituye «un acto de brutalidad distópica». Asegura que estas medidas tratan de forma indiscriminada a quienes buscan protección y muestran un claro desprecio por el derecho a la privacidad.
Según la información facilitada por el Gobierno, los agentes de inmigración, la policía y la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) podrán registrar teléfonos en la frontera sin necesidad de detención. También podrán aplicar órdenes provisionales de prevención de delitos graves que prohíban a los investigados usar móviles, ordenadores o acceder a redes sociales.
Desde 2021, más de 400.000 personas han solicitado asilo en el Reino Unido, una cifra que triplica la de la década anterior. Aunque la atención mediática recaiga sobre las pequeñas embarcaciones, estas representan el 39% de las solicitudes de protección, mientras que un 37% llegó inicialmente con visado y pidió asilo una vez en el país.
