Luego de más de un año sometido a desaparición forzada, el Ministerio de Servicio Penitenciario admitió este jueves 7 de mayo la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas, quien falleció el 24 de julio de 2025 en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo de Caracas.
El comunicado llega luego de que su madre de 82 años, Carmen Navas, llevaba un año buscando a su hijo sin recibir respuesta oficial sobre su paradero.
Según el comunicado oficial, Quero Navas fue detenido el 3 de enero de 2025 y recluido en el Internado Judicial El Rodeo I. El 15 de julio de 2025 fue trasladado al Hospital Militar tras presentar hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo.
Diez días después, el 24 de julio a las 11:25 PM, falleció por insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar, según el acta de defunción N.° 2635 del Registro Público de la parroquia Santa Rosalía.
El 30 de julio de 2025 fue inhumado por el propio Estado, alegando «ausencia familiar».
La versión oficial contrasta brutalmente con la realidad: su madre, Carmen Navas, llevaba más de un año recorriendo cárceles, instituciones públicas, la Asamblea Nacional, los tribunales, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo buscando a su hijo sin obtener respuesta alguna.
La muerte de Quero Navas se enmarca en un patrón de fallecimientos bajo custodia estatal que los organismos defensores de derechos humanos han documentado ampliamente.
Esta misma semana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que al menos 18 personas han fallecido bajo custodia del Estado venezolano.
Mientras la familia pedía una fe de vida, el régimen guardaba un acta de defunción
Ese detalle convirtió el caso en algo más profundo que una omisión burocrática. La muerte de Quero dejó de ser únicamente una tragedia personal para transformarse en símbolo de la opacidad del sistema penitenciario venezolano y de la manera en que el régimen administra la información sobre los presos políticos.
Además, la cronología oficial expuso nuevas contradicciones. El chavismo afirmó que el CICPC abrió una investigación en marzo de 2026 tras conocer en redes sociales denuncias sobre la desaparición de Quero. Es decir, organismos del propio Estado investigaban el paradero de un hombre que ya sabían muerto desde julio del año anterior.
La decisión de mantener silencio durante casi un año pareció responder a una lógica política más que administrativa. Reconocer la muerte de un preso político bajo custodia implicaba admitir responsabilidad institucional en medio de crecientes denuncias internacionales sobre desapariciones forzadas, torturas y condiciones carcelarias en Venezuela.
Por eso el caso golpeó con fuerza incluso dentro de sectores acostumbrados a la narrativa oficial. No se trató solamente de un detenido fallecido. Se trató de una familia buscando a alguien que el Estado ya había enterrado.
Entretanto, organizaciones como Foro Penal y dirigentes opositores insistieron durante meses en que Quero era víctima de desaparición forzada. La confirmación oficial terminó reforzando parte de esas denuncias y abrió nuevas preguntas sobre cuántos otros casos similares podrían existir dentro de las cárceles venezolanas.
El régimen finalmente habló. Pero lo hizo cuando ya no podía sostener el silencio. Y al hacerlo confirmó algo todavía más grave: durante casi un año prefirió ocultar la muerte de un preso político antes que reconocer lo ocurrido bajo su custodia.
