El informe que el Alto Comisionado de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Volker Türk, presentó recientemente ante el Consejo de DDHH del foro internacional, resume de manera contundente la situación de las libertades políticas y en general de las garantías fundamentales en Venezuela tras las elecciones presidenciales de 2024.
Ya pasaron poco más de 11 meses desde que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció como ganador de los comicios del 28 de julio a Nicolás Maduro sin mostrar las actas de votación, pese a las denuncias de fraude de la oposición que sí presentó sus pruebas sobre la victoria del opositor Edmundo González Urrutia con 65% del total de sufragios.
Defensores de derechos humanos y analistas políticos coinciden en que, a lo largo de estos meses, se ha profundizado la represión y la persecución política contra todo aquel que Miraflores perciba como disidente, como último recurso de una élite política que decidió mantenerse en el poder sin el respaldo popular mayoritario.
Subrayaron igualmente el enorme daño causado a la herramienta del voto como instrumento de cambio y como vía pacífica para dirimir las diferencias.
Olas represivas
“A 11 meses después de las presidenciales el balance no es positivo, con un régimen autoritario que ha hecho retroceder muchas libertades, incluso dentro de su propio partido donde privan las imposiciones, con un Poder Electoral que no ha cumplido con su deber de publicar las actas (del 28 de julio). Una élite muy reducida está gobernando en Venezuela y una de las consecuencias es el tema económico”, señala el politólogo Raniero Cassoni.
La muestra más reciente del deterioro de las libertades en Venezuela, en este caso de expresión, es la persecución desatada contra economistas y analistas que se atrevan a hacer estimaciones sobre variables como la inflación y el dólar, sostiene el consultor político.
De hecho, el profesor universitario y exministro de Finanzas de Hugo Chávez, Rodrigo Cabezas, lleva más de 20 días en situación de desaparición forzada, en vista de que sus abogados y familiares no han podido ubicar donde está recluido.
“La falta de un cambio y de reajuste de políticas se está viendo reflejado en el aumento de la inflación, en el aumento del costo de la vida para los venezolanos, lo que hace más complejo el escenario”, añadió.
Hasta con economistas
Al menos tres economistas presos, entre ellos Cabezas – de quien su familia exige una fe de vida- y dos liberados, es el reporte que hizo Provea hasta mediados de junio sobre la ola de persecuciones y detenciones contra los analistas en el área económica. Antes la ola persecutoria fue arrojada con fuerza contra alcaldes en ejercicio, principalmente del estado Zulia.
Antes y después del 28 de julio, apresaron a seis jefes de gobiernos locales, entre ellos el alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina (octubre de 2024), quien permanece detenido e incomunicado. En marzo de 2025, el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, informó sobre la aprehensión del alcalde opositor de Colón por su presunta vinculación con una red de narcotráfico en la región.
Ilegitimidad y fuerza
“Que Maduro haya perdido la elección y que su legitimidad sea cuestionada tiene al gobierno hiperreactivo. Le tiene mucho miedo a la pérdida del control de la calle ante posibles protestas por cualquier tema: gasolina, dólar, entre otros. Por eso se persigue a los economistas, por eso está muy atento a apagar cualquier foco que se prenda”, advirtió el director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica, Andrés Bello (Cepyg-UCAB), Benigno Alarcón.
Tanto Cassoni como Alarcón coinciden en que ante la “imposibilidad de legitimarse” electoralmente -porque Maduro no demostró que fue reelecto -y por resultados (buen gobierno) recurre a la represión como única vía para permanecer en Miraflores. Busca mostrarse fuerte, pero siempre bajo el temor de no poder controlar una manifestación de descontento popular que se masifique y que produzca un quiebre interno.
“Actualmente la gente tiene miedo a protestar porque los niveles de represión son más altos que en el pasado; pero basándonos en reportes del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, las protestas van en aumento, aunque son microprotestas aisladas por servicios públicos. Pero las hay todos los días y es un síntoma de que el ambiente se está calentando”, sostuvo Alarcón.
Hasta el 23 de junio, la ONG Foro Penal dio cuenta de 934 personas privadas de libertad por motivos políticos en el país, entre ellos 4 adolescentes (14 a 17 años), que van desde ciudadanos comunes, activistas, dirigentes políticos, periodistas, hasta defensores de derechos humanos como el abogado de presos políticos Eduardo Torres, que es uno de los casos más recientes (9 mayo de 2025).
Una lista elaborada por Efecto Cocuyo registró más de 60 dirigentes políticos apresados e incomunicados, sin acceso a abogados y familiares solo en 2025. Antes de Cabezas, en el mes de mayo, fue detenido el dirigente de Primero Justicia (PJ), Juan Pablo Guanipa, quien se encontraba en la clandestinidad, señalado de “conspirar” contra la administración de Maduro.
Desde enero de 2025 no se sabe nada del exvicepresidente del Poder Electoral y excandidato presidencial, Enrique Márquez, más allá de su detención.
Lea la nota completa siguiendo este enlace al Tal Cual
