Marco Antonio Madrid Martínez, ciudadano peruano de 31 años, regresó a su país el pasado 21 de enero tras permanecer secuestrado y detenido arbitrariamente durante 398 días en Venezuela, principalmente en el penal de máxima seguridad El Rodeo I.
En múltiples entrevistas concedidas desde su repatriación, el exdetenido ha relatado un testimonio estremecedor de torturas físicas, maltratos psicológicos y condiciones inhumanas que, según él, convierten las prisiones venezolanas en verdaderos “campos de concentración”.
Madrid fue detenido en diciembre de 2024 por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), pese a contar con documentación en regla y residir legalmente en Venezuela junto a su esposa, donde gestionaba un centro de llamadas.
Según su relato, fue trasladado inicialmente a calabozos sin luz ni ventilación adecuada, para luego ser recluido en El Rodeo I, donde compartió celda con decenas de presos —incluyendo otros extranjeros de diversas nacionalidades y presos políticos venezolanos—.
Entre las vejaciones descritas destacan:
- Celdas superpobladas de apenas 3×2 metros, con un solo agujero en el suelo para defecar y orinar en el mismo espacio donde se comía y dormía.
- Agua oxidada y olores insalubres que impedían respirar con normalidad.
- Administración forzada de pastillas e inyecciones sin explicación ni control médico, lo que generaba enfermedades estomacales, fiebres y desorientación.
- Golpes sistemáticos, aislamiento prolongado (hasta 23 horas diarias sin luz natural) y castigos físicos que buscaban “anular al ser humano”.
- Firma obligada de documentos judiciales mientras los detenidos permanecían encapuchados y esposados.
El peruano rechaza la etiqueta de “preso político” para su caso y el de otros extranjeros (calcula que había cerca de 96 en situación similar, sin contar venezolanos con doble nacionalidad). En cambio, lo califica como un “secuestro de Estado” ejecutado por “la organización criminal que rige Venezuela” con el propósito de extorsionar a gobiernos extranjeros y ganar tiempo frente a presiones internacionales.
“Nos secuestraron para extorsionar a diferentes países. No hubo negociación, hubo extorsión”, afirmó en entrevista con EFE.
En otros medios (NTN24, DiverGentes, RPP) ha insistido en que su liberación —ocurrida el 13 o 14 de enero— no se debió a negociaciones diplomáticas convencionales, sino a la intervención militar de Estados Unidos que culminó con la captura de Nicolás Maduro a inicios de enero de 2026.
Madrid también denunció diferencias de trato: mientras a los extranjeros se les “engordaba” con mejor alimentación para mantenerlos como posibles fichas de canje, los presos venezolanos recibían raciones mínimas, sufrían castigos más severos y carecían de quien los reclamara internacionalmente. Relató haber visto a compañeros que, tras años de tortura, presentaban daños mentales irreversibles.
La Cancillería peruana confirmó la repatriación del ciudadano mediante gestiones multilaterales que contaron con la colaboración de Brasil y Colombia, en un contexto de ruptura de relaciones diplomáticas directas entre Lima y Caracas desde mediados de 2024. Días después de la excarcelación de Madrid, otros dos peruanos (Ricardo Meléndez y Arturo Paredes) también fueron liberados.
Organizaciones como Foro Penal han documentado cientos de casos de detenciones arbitrarias y torturas en Venezuela desde 2014, aunque el testimonio de Madrid cobra especial relevancia por provenir de un extranjero recientemente liberado y por su descripción detallada de las prácticas en El Rodeo I.
Desde Perú, el exdetenido ha hecho un llamado a no olvidar a quienes permanecen en las cárceles venezolanas, incluyendo al gendarme argentino Nahuel Gallo —con quien compartió celda— y a cientos de venezolanos que, según él, viven bajo un régimen de miedo, censura y represión sistemática.
“El pueblo venezolano ya se levantó, pero vive aterrorizado. No saben lo que es la verdadera censura y el encarcelamiento injusto hasta que lo viven”, concluyó Madrid en una de sus entrevistas.
Su caso se suma a la ola de liberaciones iniciada tras la caída del gobierno de Maduro y pone nuevamente en evidencia las graves denuncias de violaciones a los derechos humanos que persisten en el sistema penitenciario venezolano.
