El miércoles 25 de junio, el Congreso de los Diputados español aprobó sacar adelante una polémica reforma del Código Penal impulsada por el Partido Socialista (PSOE), que impone penas de hasta dos años de cárcel a quienes se opongan a tratamientos de transición de género para menores.
Por: Javier Villamor – The European Conservative
El proyecto de ley, apoyado por todos los grupos parlamentarios excepto VOX (que votó en contra) y UPN, que se abstuvo), incluye penas de cárcel e inhabilitación para padres, médicos, psicólogos o educadores que no apoyen las llamadas “terapias afirmativas”.
Con 311 votos a favor y 33 en contra, el Partido Popular (PP) ha decidido respaldar una ley que, hasta ahora, solo había contado con el apoyo del bloque de izquierdas y los partidos separatistas. El cambio de postura del PP ha suscitado intensas críticas por parte de sectores conservadores y profesionales del ámbito médico y legal, quienes la denuncian como una «criminalización del sentido común».
El proyecto de ley propone añadir un nuevo artículo 173 al Código Penal, que sanciona la implementación de «actos, métodos, programas, técnicas o procedimientos de aversión o conversión» destinados a modificar la orientación sexual, la identidad o la expresión de género de una persona, incluso si se realizan con base en criterios médicos o psicológicos. La ley considera especialmente graves estas intervenciones cuando involucran a menores de edad o si se realizan mediante engaño, violencia o con ánimo de lucro.
No se distingue entre acciones coercitivas y enfoques clínicos prudentes. En la práctica, esto significa que un psiquiatra, endocrinólogo o terapeuta que considere necesario esperar antes de iniciar un tratamiento hormonal podría enfrentarse a un proceso penal. La ley también prevé una inhabilitación especial de hasta cinco años para ejercer la patria potestad o ejercer profesiones relacionadas con menores, según explicó a europeanconservative.com Paula Fraga, abogada penalista española y destacada voz crítica contra el lobby LGTB en el país.
Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto de ley es que extiende las sanciones a los propios padres o tutores legales. Serán penalizados si promueven, consienten o facilitan cualquier forma de terapia de conversión, incluso si su intención es proteger al menor y evitar una transición médica irreversible sin el apoyo psicológico adecuado.
Fraga ha calificado la propuesta de «extremadamente grave» y ha advertido que «quienes intentan evitar un daño mayor a sus hijos están siendo tratados como delincuentes». Según Fraga, la ley asume que cualquier objeción a los tratamientos hormonales es una forma de violencia, lo que representa una inversión radical del principio de prudencia médica. «Lo llaman terapia de conversión cuando se niega a administrar bloqueadores de la pubertad sin evaluación previa. Esto es una persecución ideológica con el respaldo del derecho penal», afirmó.
El apoyo del Partido Popular a la ley ha sido un shock para sus bases y votantes tradicionales. Si bien el partido se había comprometido a derogar la ley trans existente , ahora se alinea con la expansión de las medidas penales contra quienes disienten de la ideología de género. Los sectores conservadores argumentan que esta acción del PP revela su falta de compromiso con la defensa de la infancia y la libertad educativa. «El PP es el PSOE cinco minutos después», dijo Fraga. Otros señalan que los verdaderos beneficiarios de estas políticas son las compañías farmacéuticas, que se benefician de los tratamientos de por vida para jóvenes mal diagnosticados. Legalmente, serán considerados pacientes crónicos cuyos tratamientos, por ahora, están cubiertos por el sistema público de salud.
Con esta modificación del Código Penal, España se ha unido a los países con la legislación de género más radical. Se distancia de modelos europeos como Suecia o el Reino Unido, que han comenzado a frenar el acceso de los menores a tratamientos médicos para personas transgénero. La medida podría tener un efecto disuasorio sobre el ejercicio profesional y la libertad de conciencia, al establecer un régimen de castigo ideológico contra quienes instan a la prudencia y supone una amenaza directa a la patria potestad. Imagen:
